Por parte del PSPV, la síndica en funciones, Carmen Martínez, ha defendido al subdelegado socialista "convencida de que será capaz de demostrar que es inocente absolutamente" por le "consta su transparencia, honorabilidad, honestidad y sus valores éticos, morales y políticos". Ha rechazado así "cualquier intento de equiparar esto con la banda criminal que ha sido el PP".

Así han valorado ambas, en los pasillos del parlamento, la decisión del Juzgado de Instrucción 18 de València, dentro del 'caso Imelsa', de procesar a estas personas al considerar que las supuestas contrataciones de 'zombis' pueden ser constitutivas de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad documental.

Bastidas, también secretaria general del PP provincial, ha zanjado que "todos estos señores ya no pertenecen al PP" y no están sujetos a la "disciplina de partido" y ha urgido al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, a dejar claro "qué piensa hacer con Rubio, que está en un cargo de tantísima responsabilidad en la Administración del Estado, ya que lo pide con tanto ahínco al resto de partidos".

Sobre el anuncio del cierre de Divalterra, empresa pública de la Diputación y antigua Imelsa, la 'popular' ha reiterado el apoyo de su partido porque "es lo más aconsejable y prudente", aunque cree que habrá que ver cómo se desarrolla desde el punto de vista jurídico para "dar encaje a todos los aristas".

La diputada socialista, por su parte, ha recordado que ella era la secretaria del PSPV provincial en la etapa de Rus y fue este partido junto a otros quien impulsó las denuncias. "No nos ha sorprendido que al PP se le califique de banda criminal", ha aseverado tras "tantos casos que nos han avergonzado durante años".

Por tanto, ha querido dejar claro que "el PP no puede dar lecciones en casos de corrupción ni en la Comunitat ni en España", recordando que "muchos de los que están sentados en el banquillo de la derecha y en muchos ayuntamientos son herederos y han participado en esas reuniones donde se repartían mil, 2.000 y 3.000*".

"Ni una lección de corrupción al PSOE, que se ha dejado la piel y ha tenido querellas por denunciarla. Nos hemos dejado hasta el último euro de nuestro dinero y hemos tenido que vender nuestra sede por eso", ha proclamado sobre Blanqueríes, que el PSPV dejó en 2018.

Martínez ha sostenido que la disolución de Divalterra era necesaria tras "meditarlo mucho" y ha asegurado que el presidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, tiene una hoja de ruta en marcha en función de los informes jurídicos, además de garantizar que se respetarán los derechos de los trabajadores y el servicio de las brigadas forestales. "Esta empresa ha sido un símbolo de la corrupción en la Comunitat", ha ilustrado.

"LA ETAPA MÁS OSCURA DE LA POLÍTICA VALENCIANA"

Entre el resto de grupos del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha criticado que "el caso del PP continúa en marcha y dando titulares que avergüenzan a los valencianos" y ha destacado el trabajo actual de la Conselleria de Educación frente a los barracones de Ciegsa. También ha celebrado el cierre de Divalterra aunque "en ningún momento acaba con las investigaciones" y ha celebrado que se da "un paso adelante para acabar con la etapa más oscura de la política valenciana".

El síndic de la coalición, por otro lado, ha valorado dentro de la "retahíla de nuevos elementos de la corrupción del PP" la apertura de juicio oral contra el exalcalde del Gandia con el PP, Arturo Torró, acusado de malversación de caudales y fraude en la contratación en servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva. "Hizo lo que quiso", ha constatado, con "socios que han acabado en Ciudadanos o continúan en el actual PP".

Y de Unides Podem, su portavoz adjunta Estefania Blanes ha celebrado el procesamiento de Rus y ha recordado que Rosa Pérez Garijo -consellera de Transparencia y coordinadora de Esquerra Unida- fue la denunciante del 'caso Taula' y "le costó imputaciones totalmente desestimadas". El procesamiento, a su juicio, demuestra "la pertenencia a una banda criminal como es el PP", mientras el fin de Divalterra supone "una buena noticia porque desde el primer momento se veía que no tenía remedio".

CS: "LA CORRUPCIÓN SIGUE ESTANDO AHÍ"

Por parte de la oposición, Ruth Merino (Cs) ha lamentado una vez más estos casos ligados porque empañan el trabajo del resto de políticos valencianos y ha advertido que el cierre de la antigua Imelsa no supone "un borrón de la corrupción: Sigue estando ahí, hay que luchar contra ella, poner cartas sobre mesa y que la justicia decida, y sobre todo proteger a los trabajadores que no tienen culpa de nada".

Como síndica de Vox, Ana Vega ha coincidido en que es "muy triste" este tipo de casos "con unos gobiernos y otros" y ha definido a Divalterra como un chiringuito que nunca debería haber existido y del que "se han aprovechado mucho tiempo". También ha reclamado una solución para "los casi 600 trabajadores que se quedan en el limbo".