El pasado mes de marzo, la Policía Nacional detuvo a diez jóvenes inmigrantes. Estaban acogidos en centros de menores, pero las autoridades sospechaban que tenían más de 18 años. Les hicieron pruebas médicas y concluyeron que efectivamente eran mayores de edad. Así que les arrestaron y les abrieron una orden de expulsión a su país por ser adultos extranjeros ‘sin papeles'. Fin del viaje.

Como a estos diez chavales, el pasado año el Gobierno central tramitó 193 órdenes de repatriación contra inmigrantes irregulares que vivían en Vizcaya.

La Ley de Extranjería dicta que todo extranjero indocumentado en España debe ser expulsado. De 193 órdenes, se ejecutaron 42, (21,7% del total). Las otras 151 quedaron en el limbo, debido, sobre todo, a que la Administración no logró determinar cuál era el país de origen del foráneo. Muchos extranjeros esconden su documentación para que las autoridades no sepan de dónde son y les expulsen a su tierra.

Otros motivos para no ejecutar la deportación son que no hay sitio en los centros de internamiento para indocumentados, que el extranjero tiene causas judiciales pendientes o que arrastran problemas de salud o embarazos. Las expulsiones se mantienen estables en los últimos años. En 2007, se abrieron 144 órdenes de expulsión y se ejecutaron 53.

Los países adonde más personas se expulsan son Marruecos y Brasil, estados con convenios de devolución de emigrantes. Para que una repatriación pueda ejecutarse es imprescindible que entre España y el país de origen del inmigrante haya acuerdo. Es decir, que el estado del extranjero acepte acoger de nuevo a su ciudadano.

Estas repatriaciones derivan de dos acciones fundamentalmente. Por un lado, la Policía Nacional efectúa controles sorpresa en calles y carreteras. Por otro, están las operaciones policiales. Es frecuente que la Policía destape empresas que contratan a extranjeros ‘sin papeles' bajo condiciones laborales leoninas. En estas actuaciones, a las víctimas se les abre una orden de expulsión.

"No arregla nada; sólo destroza"

«Hay que dejar una cosa clara. Las repatriaciones no rebajan los flujos migratorios. Van a venir igual. Así que son medidas contra la vida de las personas absolutamente inútiles», exclama Diego Jauregi, trabajador de Sos Racismo.

Y pone un ejemplo: «Hace un tiempo había prostitutas en Miribilla y los vecinos se quejaron. Fue la Policía Nacional, apoyada por la Policía Municipal y la Ertzaintza, y abrió orden de expulsión a varias mujeres. La prostitución desapareció unos días, pero ya ha vuelto. No arregla nada». Su solución: «Papeles para todos:hay empresarios deseando contratar a inmigrantes, ¡y no pueden!».

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