Estas declaraciones las ha realizado en una rueda de prensa en la que, junto con el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, y la responsable del Área de Juventud y Movimientos Sociales y del Departamento de la Mujer del sindicato en la región, Medea Gracia, ha presentado el informe 'Mujeres en el mercado laboral 2020'. Asimismo, ha aprovechado su estancia en Zaragoza para mantener un encuentro con los cuadros sindicales de la comunidad autónoma.

Antoñanzas ha explicado que las mujeres están a la cabeza del desempleo y de la precariedad: "Tenemos menos tasa de actividad y asumimos gran parte del trabajo a tiempo parcial, que tenemos que dejar claro que, en gran mayoría, es tiempo parcial involuntario. El 76 por ciento de todos los contratos parciales están ocupado por mujeres, pero más del 60 por ciento de ellos son involuntarios".

En este contexto, ha relatado que, desde el diálogo social, se trabajó durante este tiempo de pandemia en el acuerdo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permitió evitar "la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo", según los datos de febrero quedan 900.000 personas acogidas a esta figura de protección y se espera que sean menos en marzo ante la apertura de las restricciones.

"Más del 50 por ciento de las personas que estuvieron en ERTE fueron mujeres, y son las que más tiempo están permaneciendo en los expedientes y los hombres han salido antes de ellos y se han incorporado al mercado laboral". Ha añadido que el impacto de la COVID en las mujeres ha sido "brutal".

REFORMA LABORAL

Cristina Antoñanzas ha comentado que este miércoles es la primera reunión de la mesa del diálogo social para abordar la derogación de la reforma laboral. "Es necesario y urgente derogarla, se ha utilizado como un instrumento para destruir empleo". En este sentido, ha insistido en que hay que cambiar el despido colectivo, en el punto en que aquellas empresas que tengan previsión de pérdidas puedan utilizarlo.

"Ahora, el 90 por ciento de las empresas van a tener una previsión de menos ingresos que hace uno o dos años. Tenemos a más de 900.000 personas en ERTE y hay que ver cómo se va desarrollando nuestro mercado laboral y la pandemia", ha detallado.

Por otra parte, Antoñanzas ha expuesto que las empresas se ahorran 44.000 millones de euros al año en salarios "por no pagar a las mujeres el mismo que los hombres".

"Este año tenemos encima de la mesa dos herramientas muy importantes también fruto del diálogo social, que son los desarrollos reglamentarios de planes de igualdad y de registro contributivo". Ha subrayado que la igualdad real hay que lograrla en el mercado laboral para que llegue "al resto de ámbitos de la vida cotidiana".

En este punto, ha desgranado que los planes de igualdad son obligatorios en España para empresas de más de cien trabajadores y serán obligatorios para las de más de 50 en marzo de 2022.

"Estos planes se tienen que abordar y realizar en cada una de las empresas". Así, ha insistido en su importancia para conocer la situación de las distintas compañías, pero también ha mencionado que hay que contar con recursos para abordar este ámbito.

"Un plan de igualdad no solo es sentarse a negociarlo sino que hay que realizar un seguimiento y hay que ver, con reuniones periódicas, si esas medidas que se han puesto encima de la mesa realmente están funcionando o no". Por ello, ha pedido al Gobierno de Aragón que ponga recursos encima de la mesa, ya que todos los temas relacionados con trabajo son competencia de las Comunidades autónomas.

Sobre el Gobierno central, ha apostillado que está "muy bien" escribir leyes pero tiene que venir acompañadas de "una memoria económica". Sobre el registro retributivo, ha recordado que es obligatorio para todas las empresas y ha insistido en su importancia para luchar contra la brecha salarial.

CUIDADO DE UN FAMILIAR

Antoñanzas ha mencionado que nueve de cada diez personas que solicitan una excedencia para el cuidado de un familiar son mujeres. "Esto hace que vayan saliendo y entrando del mercado laboral y se vayan incrementando esas desigualdades que ya existen".

"Tenemos que poner encima de la mesa, de forma coordinada, unas políticas públicas adecuadas que atajen los problemas que tiene el estado de bienestar para realizar los cuidados y que, en su gran mayoría, soportamos y perjudican a las mujeres, estoy hablando de corresponsabilidad", ha aseverado.

Ha afirmado que, sobre este tema, el Gobierno español ha puesto encima de la mesa un plan, pero al que desde UGT le ven "muchas lagunas", una de ellas que se limita al cuidado de niños menores de 14 años y no al de otras personas con necesidades.

Ha apostillado que este plan se debe abordar en el diálogo social: "Puede ir en buena dirección, se van a inyectar a las comunidades autónomas 190 millones, que es muchísimo dinero para esa corresponsabilidad, ha que negociarlo".

Para finalizar su intervención, ha remarcado que no se puede desaprovechar la ocasión de "no salir de la crisis igual que en 2008" y ha apostado por hacerlo atendiendo a la perspectiva de género y en el marco del diálogo social.

EDUCACIÓN

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha asegurado que el informe que han hecho en el sindicato este año sobre las mujeres en el mercado laboral en la región durante 2020 está enfocado no sólo en la brecha salarial, también en la educación.

Así, atendiendo a la Formación Profesional Básica, "la primera en la que los alumnos tienen capacidad de elección", se notan diferencias entre los hombres y las mujeres, ya que ellas eligen más estudios relacionados con la salud y los servicios mientras que ellos van a carreras técnicas y relacionadas con las nuevas tecnologías.

Ha lamentado que los hombres tienen "el monopolio en carreras técnicas", una situación que ha tildado de "grave" ya que las mujeres se quedan fuera de "la cualificación de la economía del futuro, las nuevas tecnologías y las digitalizaicón".

Alastuey ha resaltado que tiene que haber políticas más potentes de orientación al alumnado. "Los problemas culturales son muy difíciles de resolver si no se ponen medidas que favorezcan un objetivo determinado, en este caso que más número de mujeres se introduzcan en los estudios relacionados con las nuevas tecnologías.

"El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón tiene que ser muy proactivo y hacer una campaña para que las niñas se incorporen a las enseñanzas de nuevas tecnologías. Repasar los datos es terrorífico, ni en la formación profesional básica ni en los grados medios, ni superiores ni en la universidad, las mujeres acceden más allá del 10 por ciento a este tipo de disciplinas. Eso tenemos que pensar, como sociedad, que es un problema muy grave".

Por otro lado, ha sostenido que la brecha de ocupación respecto a los hombres desde 2007 ha caído casi un tercio, mientras que la temporalidad afecta más a las mujeres, sobre todo en el sector público. Para solucionarlo "las administraciones deben asumir su responsabilidad en la externalización de servicios y la retribución de aquellos con actividades muy feminizadas".

La precariedad también afecta más a las mujeres, en una proporción de cinco a uno respecto a los hombres. "Las administraciones públicas tienen que erradicar su propia precariedad interna y hay que desarrollar una red de servicios públicos que libere a las mujeres de los cuidados".