Los trabajadores de Alu Ibérica, "contentos" de que la Policía Judicial investigue posibles irregularidades

El presidente del Comité de Empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha asegurado este jueves que los trabajadores están "contentos" de que los agentes de la Policía Nacional hayan entrado en las instalaciones para comprobar si existe "alzamiento de patrimonio" en la empresa.
El presidente del Comité de Empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.
El presidente del Comité de Empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.
EUROPA PRESS
El presidente del Comité de Empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Desde primera hora de este jueves, agentes de la Policía Nacional están registrando, por orden de la Audiencia Nacional, las instalaciones de Alcoa en Avilés tras una denuncia interna por posibles irregularidades.

El registro se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Otras fuentes conocedoras de las diligencias han señalado que la actuación policial afecta también a las instalaciones gallegas en La Coruña.

En declaraciones a los medios, el representante de los trabajadores ha asegurado desconocer qué documentación se están llevando los agentes. "Hay mucha policía judicial por toda la fábrica, en todos los departamentos", ha dicho, aunque se están centrando en las oficinas.

Los trabajadores, ha confirmado De la Uz, están "muy contentos" de que la Policía esté investigando sus denuncias, ya que llevaban "mucho tiempo" demandándolo, pero ha pedido también a la clase política que intervenga, al igual que se ha hecho con el rescate de Duro Felguera por parte de la SEPI, para dar una solución a esta industria.

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su "improductividad".

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a "problemas estructurales intrínsecos", y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Alcoa apuntaba que las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", unidos a factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertaba Alcoa.

De esta forma, Alcoa argumentaba que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña permitirá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián (Lugo), donde se produce tanto aluminio como alúmina. Sin embargo, posteriormente anunció también su intención de desprenderse de esta planta, y actualmente negocia su venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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