Hace unas semanas la parroquia de Aldán, en Cangas, saltaba a la actualidad nacional por haberse movilizado para impedir la expulsión de un chico mauritano acogido por una familia del lugar. Finalmente, El Hassane Moctar Gaye, de 24 años consiguió que se anulase la orden de repatriación, al considerar la jueza que el chico «está debidamente documentado».

Sin embargo, las órdenes de expulsión de extranjeros en la provincia de Pontevedra son una realidad casi diaria. En 2008, la Subdelegación del Gobierno ordenó la expulsión de 282 inmigrantes, cuatro personas más que a lo largo de todo el año 2007. La mayoría de los inmigrantes sin papeles localizados aquí el año pasado fueron mujeres que ejercían la prostitución. La Policía Nacional topó con ellas en los registros realizados a locales de alterne situados en Vigo, principalmente.

Por países, Brasil, Bolivia y Paraguay son los que acumulan más repatriaciones, si bien también han sido devueltos a su punto de origen ciudadanos de Argelia, Bielorrusia, China, Argentina, Chile, Colombia, India o Ghana, entre otros. Una vez expulsadas, estas personas no podrán volver a España en un mínimo de tres años y un máximo de diez. Las multas económicas pueden alcanzar los 60.000 euros.

La ley contempla también medidas para los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. Las penas, en este caso, oscilan entre los dos y los cinco años de prisión, en función del caso. En total, en la provincia de Pontevedra viven 36.269 personas foráneas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).