Una moratoria de dos años para la aprobación de proyectos de creación o ampliación de pistas de esquí, medidas efectivas para conservar el patrimonio natural de la montaña; impulso al desarrollo sostenible que evite la actual especulación urbanística; régimen de protección especial (aplicable a ayuntamientos y DGA) de las zonas por encima de 1.500 metros de altitud, son algunas de las propuestas contenidas en la Iniciativa legislativa popular  en apoyo de la Ley de Protección de la Montaña, avalada por más de 30.000 firmas, que ayer fue presentada en las Cortes de Aragón.