Según han anunciado este viernes los portavoces del equipo de gobierno local, César Díaz y Manuel Olivares, en el transcurso de una comparecencia de prensa tras la Junta de Gobierno Local, en la que han anunciado que en la propuesta presentada se insta, a su vez, a la Subdelegación de Gobierno a que "condene públicamente los hechos" y a que "depure las responsabilidades correspondientes en este sentido".

César Díaz ha manifestado que para el equipo de gobierno "es inadmisible" que una manifestación "no autorizada", que además "provocó daños y ocasionó destrozos, por un coste a las arcas públicas que ha dicho podría alcanzar a los 100.000 euros, "generase temor y miedo entre la ciudadanía, alterando la normal convivencia en la ciudad".

Tras resaltar que los actos vandálicos ocasionaron múltiples destrozos en el mobiliario urbano, como la quema de 25 contenedores y desplazamientos de depósitos de papel, vidrio o envases, así como roturas de cristales y señales de tráfico, el texto presentado considera "fundamental", ante este tipo de situaciones, la "unión y la coordinación institucional".

De ahí que muestra el apoyo del Ayuntamiento de Granada a la Subdelegación del Gobierno para que "acabe con este tipo de prácticas inadmisibles e intolerables que vulneran el respeto a la ley y a los derechos de los demás que son fundamento del orden político y de la paz social, tal y como se encuentra recogido en el artículo 10 de nuestra Constitución".

En este sentido, Manuel Olivares ha considerado los actos vandálicos ocurridos el pasado 17 de febrero como "uno de los mayores asaltos sufridos por la democracia", en el que la ciudad "sufrió incalculables daños, destrozándose la normal convivencia de la ciudadanía, por lo que ha señalado que "no vamos a permitir, como constitucionalistas que somos, que se vulnere la ley".