A través de esta herramienta, que se realiza de manera anual, se supervisa la actividad de los distintos departamentos del Gobierno regional, así como de los organismos autónomos y entes dependientes de la Comunidad, las fundaciones del sector público autonómico y los consorcios regionales.

Esta supervisión se extiende también a aquellas empresas, particulares o entidades públicas y privadas que hayan trabajado para la administración o que hayan recibido algún tipo de ayuda, subvención o aportación financiada con fondos europeos.