Un total de 298 personas condenadas a trabajos comunitarios en Cataluña cumplen la pena haciendo tareas de prevención de la Covid-19, como controlar la capacidad de los espacios, estar en los puntos de información y dispensar mascarillas y gel hidroalcohólico. 

La Conselleria de Justicia ha explicado este martes en un comunicado que se trata de una iniciativa que el Área de Medidas Penales Alternativas ofrece desde el verano a entidades y a organismos colaboradores y cuenta que, en julio, ya había 80 personas que cumplían la pena haciendo este tipo de tareas.

Estos trabajos se llevan a cabo en un centenar de ayuntamientos, juzgados de todo el territorio, equipos de atención primaria de salud, centros cívicos, clubes deportivos o bibliotecas, entre otros espacios. 

Papel "clave" de las entidades en la rehabilitación

La Conselleria de Justicia ha querido destacar el "papel clave" de las entidades en la rehabilitación de las personas condenadas. En la actualidad, 1.825 entidades colaboradoras ofrecen, cada una de ellas, unas cinco plazas para los condenados a trabajos comunitarios.

Las personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad son, en un 39% de los casos, condenados por delitos de tráfico; en un 20%, por violencia machista; en un 21%, por lesiones y, en un 13%, por delitos contra el patrimonio. El 89% de los condenados a este tipo de servicio son hombres y el 11%, mujeres, y 60% de los penados tienen entre 30 y 50 años.

Medida penal alternativa a la prisión

Los trabajos comunitarios, como explica la Conselleria de Justicia, son medidas penales alternativas a la prisión que consisten en hacer una actividad no retribuida de interés público y social colaborando con entidades sin ánimo de lucro durante el número de horas y de jornadas que establece el juez.

Esta modalidad de cumplimiento de la pena la puede imponer el juez como medida sustitutiva de otras penas impuestas inicialmente, o bien directamente como pena por la comisión de un delito.