En un comunicado, el grupo popular "denuncia públicamente los hechos vandálicos cometidos contra el alcalde de Mota del Cuervo y le muestra su total y absoluto apoyo, condenando cualquier tipo de violencia", lo que le ha trasladado personalmente el portavoz del PP en la corporación municipal, Miguel Antonio Olivares.
Por su parte, el alcalde de la localidad, José Vicente Mota, ha achacado el incidente a la polémica que ha surgido tras la retirada, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, de una cruz de los caídos en la Guerra Civil, que estaba situada junto a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. La retirada fue decidida en un pleno con los votos de los ediles de IU y PSOE que gobiernan en coalición Mota del Cuervo.
Concentraciones
Los ediles del PP votaron en contra de que fuera quitada y propusieron otras alternativas. En este sentido, el grupo popular ha expresado "su respeto y cumplimiento de la Ley" y ha puntualizado que "defiende el símbolo cristiano y no los símbolos franquistas". Por ello, propusieran "eliminar cualquier símbolo del régimen franquista del monumento y respetar los signos religiosos del mismo".
El PP ha convocado para el sábado una concentración silenciosa para rechazar "la eliminación de la historia de la población", pero aseguran que "se desligan totalmente de posibles convocatorias realizadas por grupos de ideología extremista", que se han convocado a través de internet, según ha comunicado el alcalde de Mota del Cuervo a la Guardia Civil.
Cumplir con la ley
Por su parte, los concejales de Izquierda Unida y del PSOE manifestaron que "los concejales tienen la obligación, por imperativo legal, de cumplir y hacer cumplir las leyes aprobadas en el parlamento", en referencia a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. "El monumento a los caídos forma un conjunto simbólico único e indivisible. Todas las partes que lo conforman obedecían a una misma finalidad, que no era otra que la exaltación del régimen franquista. Por eso se decidió retirarlo en su totalidad", afirman.
"No nos mueve el más mínimo rencor hacia las víctimas del bando nacional, hacia la iglesia católica ni hacia ninguno de sus símbolos", apostillaron, mientras lamentaron que los responsables de la parroquia "no hayan tenido la suficiente sensibilidad cristiana ni democrática para promover la retirada del monumento tras treinta años de Democracia".
La prueba de su respeto al símbolo de la cruz y a cualquier símbolo religioso "es que nuestros concejales aprobarían, si la Iglesia lo solicita, la instalación de otra cruz distinta en el mismo lugar". Los informes técnicos señalan que el monumento a los caídos estaba ubicado en terrenos de dominio público y que fue financiado con fondos municipales, por lo que no era necesario solicitar formalmente el permiso del Obispado, "a pesar de lo cual hemos intentado mantener en todo momento una buena comunicación con la parroquia, el Obispado y los familiares de las personas cuyos nombres aparecían grabados en la piedra".
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