Según ha detallado este lunes en un comunicado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, la elaboración de este decreto responde a la "creciente desafección" de la ciudadanía hacia la clase política y los poderes públicos motivada, entre otras razones, por el conocimiento de casos en los que las buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos han sido sustituidas por otras "absolutamente contrarias a los principios éticos y de servicio público mínimamente exigibles".
El reto es "recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones públicas" exigiendo que las Administraciones Públicas se doten de mecanismos que contribuyan a "garantizar una gestión pública conforme con los principios y las reglas éticas de buen gobierno y de administración, previniendo, evitando o minimizando las conductas contrarias a la ética y valores como la honestidad, el respeto, el predominio de los intereses generales o la buena administración de los recursos públicos", entre otros.
Para ello, el Ejecutivo regional ha previsto la creación de un canal de comunicación electrónico "efectivo, confidencial y seguro", a través de la puesta en funcionamiento de un Buzón de Denuncias que asegura la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante, de cara a contar con un instrumento que permita "la lucha efectiva contra la corrupción" y "valorar" con datos ciertos y mensurables la necesidad de crear un consejo contra la corrupción, como órgano no dependiente de la administración, destinado al control de su actividad.
En este buzón se podrán realizar denuncias de actividades calificables de corrupción, realizadas por altos cargos o asimilados y el personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de los organismos públicos y las entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de ella.
Las denuncias deberán especificar la identidad de la persona o personas que las presentan, si bien, se les garantizará su confidencialidad, no pudiendo ser revelada su identidad a nadie ajeno al procedimiento, en las condiciones que el propio decreto establece.
INFORMACIÓN PÚBLICA
El proyecto estará a disposición del público en las dependencias de la Dirección General de Servicios y Participación Ciudadana, de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ubicada en la calle Peña Herbosa, número 29, 4º planta de Santander y además se publicará en el Portal de Participación Ciudadana
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