El presidente del Valencia Club de Fútbol , Vicente Soriano, no gana para disgustos. Por si no tenía bastante con tratar de sacar a la entidad de la grave crisis económica en la que se encuentra que ha obligado a parar las obras del nuevo Mestalla y a retrasar el pago de las fichas de los futbolistas, este miércoles se ha conocido que ha sido víctima de una estafa de un millón de euros.

Soriano compró un edificio de la céntrica calle Colón a unos individuos que se hicieron pasar por sus dueños y que fueron detenidos el pasado lunes por la Policía Nacional, según publica el diario Las Provincias .

En concreto, los detenidos por los Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Valencia fueron a tres hombres.

Según las investigaciones, uno de los detenidos utilizó un DNI falso a nombre del propietario de una finca de la calle Colón de Valencia pero con su foto, y consiguió un comprador del inmueble, que es el presidente del Valencia, por un total de seis millones de euros. Posteriormente, éste le hizo una entrega de un millón de euros y firmó un contrato de compraventa ante notario. Este detenido supuestamente realizó todas las operaciones utilizando la identidad del propietario legítimo de la finca, con un DNI y un pasaporte a su nombre. La Policía, al comprobarlo, paralizó, mediante autorización judicial, todas las actividades sobre la finca para evitar que el perjuicio fuera mayor. Seguidamente, los agentes detuvieron el lunes a

En ese momento realizaron un registro en la vivienda, en la que intervinieron varios documentos, entre ellos, el DNI presuntamente falsificado con su foto. En ese mismo día, los policías detuvieron a otros dos hombres, de 49 y 68 años y de nacionalidad española, en sus domicilios de Valencia, ya que supuestamente también estaban relacionados con la estafa.

El principal encartado, detenido en Paterna, con antecedentes policiales, pasó a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Paterna, mientras que los otros dos quedaron en libertad tras ser oídos en declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

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