La entidad que engloba a las entidades locales gallegas y que está presidida por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha elaborado un estudio sobre el impacto en los servicios sociales municipales de la crisis derivada de la pandemia.

En el informe se apunta a la situación de "colapso" y "saturación" de las oficinas de servicios sociales ante el incremento de las demandas de prestaciones.

Según las cifras de la Fegamp, los consistorios atendieron a 17.317 nuevos demandantes de ayudas, más de la mitad de ellos trabajadores que se encontraban a la espera de recibir ayudas como el ERTE o la prestación por cese de actividad para autónomos.

El documento también destaca que, atendiendo a distintos perfiles que pueden encajar en varios apartados, casi el 43% de los demandantes eran familias monoparentales o con menores al cargo, el 40% usuarios del servicio de ayuda en el hogar y el 29% personas en riesgo de exclusión social con trabajos vinculados a la economía sumergida.

La Fegamp apunta que "como cabía esperar" la situación de vulnerabilidad fluctuó dependiendo del tamaño de la población. Por ejemplo, en municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes predominó los solicitantes de asistencia a domicilio.

TIPO DE PRESTACIÓN

En cuanto al tipo de prestación, el mayor incremento se produjo en aquellas vinculadas a necesidades básicas, que aumentaron más de 50%. Le siguieron las del Servicio de ayuda en el hogar (18,5), medidas de reinserción social (15,7%) y comedores y apoyos para personas sin hogar (11,42%).

Otro de los aspectos que resalta la Fegamp en su análisis sobre el impacto de la crisis saniitaria en los servicios sociales municipales es el aumento de la carga burocrática a la hora de tramitar estas ayudas.

De este modo, aseguran que se produjo un incremento del 32% en la presión sobre las oficinas municipales para gestionar apoyos económicos que, según recuerdan, no son competencia de las entidades locales, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital.

Así las cosas, la Fegamp asegura que el 87,4% de los fondos de las prestaciones sociales básicas son aportados por los ayuntamientos, mientras que solo el 8,6% corresponde a la Xunta y el 4%, al Estado.