De este modo, la renovación del concierto garantizará la continuidad de la prestación de un servicio que protege a las personas adultas tuteladas de Baleares proporcionándoles atención jurídica, social y económico-administrativa.

El hecho de que sea un servicio concertado supone que tanto la valoración como la derivación para acceder a él las gestiona directamente la Administración pública, concretamente la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

Este modelo concertado convive con el servicio público de tutela del Govern que se creó la legislatura pasada. De este modo, actualmente, la Conselleria tiene 504 plazas concertadas con Aldaba, 50 con la Fundación Demà y 617 de gestión propia.

Este servicio público, gestionado por la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, supuso la creación, por primera vez, de una estructura pública para las personas declaradas incapacitadas judicialmente.