El pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la huelga convocada por los jueces para el 18 de febrero ha generado disparidad de criterios entre los jueces de Córdoba, ya que algunos entienden que el paro queda prohibido mientras que otros consideran lo contrario.

En concreto, el juez decano de Córdoba y portavoz en la provincia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Luis Rabasa, ha indicado que la declaración del CGPJ ha sido "clara y contundente y cierra cualquier posibilidad" de convocar una huelga.

Asimismo, Rabasa ha considerado que la "precipitación" de las asociaciones convocantes del paro previsto para el próximo 18 de febrero "ha pasado factura" a la hora de "luchar por las reivindicaciones de la carrera judicial".

El juez decano ha anunciado que no tiene previsto convocar una nueva asamblea de jueces si los miembros "no lo solicitan" y ha subrayado que la decisión del CGPJ "también afecta a la convocatoria del 26 de junio" planteada por APM. No obstante, Rabasa ha defendido el "derecho individual" de cada trabajador y ha resaltado que el reconocimiento del derecho a la huelga de los jueces pasa por que "lo estudie el Parlamento".

Por su parte, otros jueces entienden que el pronunciamiento del CGPJ "no prohíbe nada" y simplemente se limita a poner de manifiesto que "no existe cobertura legal" para esta situación y, por tanto, no tiene capacidad para dictar unos servicios mínimos.

Los mismos jueces han manifestado que la declaración ofrecida por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, no responde exactamente al acuerdo adoptado por el consejo.

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