El diputado del PP Jesús Cano ha explicado que aunque el Real Decreto Ley aprobado en febrero plantea las bases sobre el precio justo, el problema aparece al preguntarse "quién impone el coste de producción, cuando hay tal variedad de sistemas productivos, como de procesado industrial, logístico, etc., que hace compleja la resolución de la ecuación".
Dentro de la ley plantean la creación de un reggistro de contratos alimentarios, que gestionaría la Agencia de Información y Control Alimentarios y que supervisaría el Observatorio de la Cadena Alimentaria. En ese registro podrían también acceder los órganos de inspección, tanto a nivel nacional como autonómico para poder planificar las inspecciones.
A su juicio, es "triste que haya pasado un año desde que el sector primario saliera a las calles a reivindicar unos precios justos, y respuestas ante el Brexit, los aranceles, el veto ruso o el incumplimiento de los acuerdos con terceros países, y que el Gobierno de Sánchez siga sin dar soluciones a las amenazas que padece el sector", ha lamentado Cano, que ha añadido que "a todo lo cual hay que sumar en nuestra Región la falta de agua".
Considera que deberían introducirse nuevas medidas de mayor calado que mejoren el funcionamiento de la cadena alimentaria y que también incorporen a la legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
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