Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2021 que asciende a un total de 12.291 millones de euros, la cantidad más elevada en la historia de Castilla y León, y que contempla, entre otras premisas, la consolidación de la política de beneficios fiscales.

Según ha detallado el presidente, los beneficios fiscales llegarán a 155.478 familias o declaraciones por un montante global de 366,37 millones de euros, de los que la mayor parte serán en apoyo a las familias, con 115.445 beneficiarios por 314,32 millones de euros.

El cuadro que sustenta el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021 contempla otros 29.013 beneficiarios en políticas de apoyo a la vivienda por 37,77 millones, de los que 17,24 millones son para vivienda en general, con 16.338 beneficiarios, y 10,53 millones de carácter específico para viviendas en núcleos rurales para 12.675 beneficiarios en este caso.

Por su parte, los beneficios fiscales para fomento del empleo ascienden a 22,60 millones de euros que llegarán a 970 declarantes y completan el cuadro de previsiones 1,4 millones en apoyo a la movilidad sostenible con 400 beneficiarios y 277.000 euros en políticas de apoyo al patrimonio y a la I+D+i que llegarán a unas 9.650 declaraciones.

En concepto de tributos, el montante global corresponde al impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 306,42 millones de euros y 62.275 declaraciones previstas, seguidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde se calculan beneficios de 41,58 millones para 88.430 declaraciones.

Otros 16.66 millones de euros figuran en el concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con 3.990 beneficiarios, y 1,70 millones en el de Actos Jurídicos Documentados que llegarán a 783 familias.

El presidente ha aclarado a los periodistas que la Junta no tiene previsto reducir tramos del IRPF en 2021 ni tocará el Impuesto de Patrimonio y ha recordado asimismo que el Pacto para la Recuperación de Castilla y León firmado el pasado mes de junio con la mayoría de las fuerzas que componen el arco parlamentario contiene "dejar las cosas como están" en el de Sucesiones, cuya exención ya estaba en tramitación en las Cortes.

A esto ha añadido la decisión del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos de no subir los impuestos ni a familias, autónomos o pymes en una muestra de su apuesta por una "política fiscal moderada" y de centrar el gasto en las áreas sociales para reforzar los servicios públicos y mantener a Castilla y León "en la vanguardia" de la calidad de los servicios públicos.