El Gobierno autonómico que presidente Alberto Núñez Feijóo ha acudido a la ley de acompañamiento de forma recurrente para hacer modificación de mayor o menor calado, lo que le permite, con esta 'ley paraguas', adaptar de una sola tacada varias leyes sin tener que pasar por trámites parlamentarios mucho más largos.
En la exposición de motivos, la propia Xunta explica que, con el objetivo de contribuir a "una mayor eficacia y eficiencia" de los presupuestos, la ley de acompañamiento contiene un conjunto de medidas referidas a diferentes áreas de actividad que, con "vocación de permanencia en el tiempo, contribuyan a la consecución de determinados objetivos de orientación plurianual".
Concretamente, la ley de acompañamiento atañe a 25 leyes, cuatro de ellas en el ámbito del medio rural, y contiene modificaciones relevante en el ámbito del sector público, especialmente vinculada a la atención a la pandemia y a las contrataciones para atender a la crisis sanitaria, junto con la regulación excepcional de las oposiciones.
Así las cosas, la ley de acompañamiento modifica la Ley 6/2003, del 9 de diciembre, de tasas y precios; la Ley 9/2017, do 26 de diciembre, sobre retribuciones del Sergas en concepto de mejora de prestaciones; la ley 2/2016 del suelo; ley 5/2019 de patrimonio natural; ley 2/2005 de defensa de la calidad alimentaria; ley 3/2007 de prevención de incendios; ley 7/2012 de montes; ley 6/2011, de movilidad de tierras; ley 9/2010 de aguas de Galicia; ley 4/2013 de transporte público y ley 8/2013 de carreteras.
También se modifica la ley 11/2008 de pesca; la ley 6/2017 de puertos de Galicia; ley 13/2008 de servicios sociales y la ley 10/2014 de accesibilidad.
Además, se introducen cambios en la ley 5/1998 de cooperativas, la ley 3/2012 de deportes, la ley 9/2007 de subvenciones de Galicia y la ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno. Finalmente, se modifican las leyes 2/2012 de protección de las personas consumidoras, la ley 4/1987 de la Egap, la ley 1/2007 de la Agasp, la ley 5/2007 de emergencias de Galicia, la ley 14/2013 de racionalización del sector autonómico (para actualizar la regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública) y la ley 9/2007 de subvenciones.
OTRAS MODIFICACIONES
Además, también se modifica el decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones generales de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad, con el objetivo de establecer un "nuevo sistema de reconocimiento que unifique el procedimiento de certificación de un plan de igualdad" y la Marca Galega de Excelencia en igualdad en un nuevo distintivo. Asimismo, también se modifica en lo que tiene que ver con los nuevos permisos de empleados públicos.
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