Así se establece en un protocolo de colaboración entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació y Qualitat Democràtica de la Generalitat valenciana y el Departament de Justícia de la Generalitat catalana.

También se desarrollarán actuaciones que tengan como finalidad documentar, preservar, señalizar y contextualizar con rigor histórico las fosas que contienen los cuerpos de aquellos que perdieron la vida en el contexto señalado.

Al respecto se le ha preguntado a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha explicado que este es el primer convenio de este tipo que ratifica el gobierno valenciano y que tiene que ver con que ambas son comunidades limítrofes, por lo que se "irá trabajando" con otros territorios.

Sobre si este acuerdo significa "retomar la relación de proximidad" entre ambas administraciones, Oltra ha apuntado que esta es una "cuestión exclusivamente del más alto nivel", y que corresponde a la Presidencia. "Es algo que excede al ámbito de una conselleria, lo tendría que impulsar el president", ha agregado.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Sobre las acciones que se llevarán a cabo, el convenio actividades de difusión y promoción del patrimonio memorialista democrático, además de prever la colaboración en la transformación de lugares, donde se encuentran restos de personas represaliadas por el franquismo en espacios de memoria y reflexión crítica.

A través de este protocolo ambas Generalitats muestran su "compromiso para establecer las condiciones, y criterios funcionales o técnicos necesarios para facilitar el acceso a los datos que tengan en su poder para identificar víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista".

A su vez, está prevista la organización conjunta de exposiciones, actos, coloquios y seminarios, entre otras acciones, relacionados con la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transición y con la represión ejercida a partir del golpe militar o con sus consecuencias.

Este protocolo también recoge la realización de programas educativos, así como proyectos de investigación comunes para el desarrollo de políticas de transmisión intergeneracional de la memoria. A su vez, el intercambio de información sobre estructura y contenido de tesauros para la gestión de las respectivas colecciones de fuentes orales y documentales.

El protocolo, que tiene una duración de cuatro años, no supone coste económico. No obstante, si se desarrollaran acciones que derivaran en gasto, ambas administraciones compartirán el desembolso en los porcentajes que acuerden en cada una de las iniciativas conjuntas.

Por otra parte, las diferentes acciones se podrán ir ampliando y concretando a medida que se vayan detectando necesidades específicas.