Bronca en el Congreso y gritos de "¡Libertad, libertad!" de la oposición durante el debate de la 'Ley Celaá'
El debate sobre el dictamen a la Lomloe o ley Celaá ha acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma.
Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.
Martínez Seijo ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de difundir mentiras sobre que la Lomloe va a acabar con la libertad de los padres para elegir centro educativo o que puedan pedir enseñanza en castellano. "Ya está bien de utilizar la palabra libertad solo para los que tienen recursos y obvian a los que no los tienen y no tienen libertad para decidir", ha dicho la diputada socialista.
Asimismo, ha criticado que los centros concertados estén "manipulando" y "utilizando" a menores de edad en los patios de sus colegios para ponerles en contra de la norma a través de lectura de manifiestos.
Por el contrario, Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos) y Joaquín Robles (Vox) han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Europea porque la ley Celaá impide la elección de centro a las familias, por ejemplo, uno concertado y los de educación especial.
Proyecto "ideologizado" que "suprime el esfuerzo"
En su intervención, el PP ha denunciado desde la tribuna y a través de su diputada Sandra Moneo, que la ley de Educación que pretende aprobar el Gobierno está "profundamente ideologizada" y considera que "suprime la cultura del esfuerzo y la búsqueda de la calidad" por impedir que los alumnos repitan curso salvo si así lo deciden los profesores y que se pueda aprobar el bachillerato o la ESO con asignaturas suspensas.
Además, la diputada popular ha criticado que se trata de "un proyecto que despoja de toda autoridad al profesorado y destierra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos".
Ha reiterado que su grupo no apoyará la tramitación de la ley porque "no reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo", porque tiene un "ánimo de confrontación y ruptura", supones "ruptura de las libertades" y "es una ley fallida antes de estar aprobada".