Además, la sesión ha tratado la confección del anunciado plan de reactivación social promovido para combatir la nueva crisis, con 211 millones de euros procedentes de los remanentes acumulados por la institución desde 2012, gracias a la supresión de las reglas fiscales por parte del Gobierno central.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, tiene previsto presentar este lunes de manera oficial este plan a los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación; a los agentes sociales co-firmantes del Acuerdo de Concertación Económico y Social y a los medios de comunicación.

Respecto al Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social, anteriormente nominado como Plan de Urgencia Municipal (PUM), traducido en contrataciones temporales entre personas desfavorecidas y aprobado el pasado mes de agosto, el presidente de la institución provincial ha recordado que dada la nueva crisis, este año dicho plan ha contado con una edición adicional para sumar dos, con una financiación total de diez millones de euros a la que se suma la cofinanciación de los municipios, encargados de acometer tales contrataciones temporales.

"Las medidas que se han puesto en marcha para la contención de la crisis sanitaria han supuesto la paralización de algunos sectores económicos y la consiguiente incidencia en la renta de los hogares, las personas autónomas y las pequeñas empresas. Por eso, éste es un programa muy demandado por los alcaldes y alcaldesas, ya que les permite realizar una serie de contrataciones entre la ciudadanía que más necesita una ayuda por parte de la Administración para poder trabajar", ha explicado Villalobos.

En paralelo, ha defendido el libramiento de 980.000 euros aprobado por la Diputación para que 48 municipios de la provincia contraten profesionales del Trabajo Social, así como personal administrativo, para el desarrollo del Programa de Renta Mínima de Inserción Social, con una duración, según estimación de las propias entidades locales, hasta finales de junio del año que viene.

Igualmente, ha informado de que para el refuerzo ante la pandemia de los centros sociales de naturaleza residencial de la institución y de los Servicios Generales de Cohesión Social e Igualdad, median más de 80 contrataciones adicionales hasta enero de 2021.

"El objetivo es establecer medidas que garanticen la seguridad y la atención de los servicios esenciales y responde a la necesidad de dotarnos de un instrumento formal que permita cumplir de manera funcional y eficiente las directrices de prevención, contingencia y control que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social define para este tipo de centros", añade Villalobos.