El perfil del agresor en los centros de salud y en los hospitales está cambiando. El número de agresiones (físicas o verbales) en la provincia de Granada hasta diciembre de 2008 fue de 61, un dato muy similar, según Salud, al de 2007. Sin embargo, el año pasado sólo hubo nueve agresiones físicas, mientras que en 2007 la cifra fue un 70% más elevada.

«La razón», comenta Carolina Morillo, directora de Calidad del Distrito Sanitario de Granada, «es que las cámaras coartan a las personas violentas y ahora hay más amenazas, más agresiones psicológicas».

La mayoría de los centros de salud de la capital no contaban hasta ahora con cámaras de videovigilancia. «Sólo había 15 repartidas en la zona Norte y en algunas unidades de Urgencias», señala Morcillo. En un mes todos los edificios contarán con este sistema. «En total vamos a instalar 70 cámaras repartidas en pasillos, despachos, vestíbulos...».

Es importante que el personal se sienta seguro

Todos los centros de salud de la ciudad tendrán videovigilancia «y dependiendo de sus características (si tienen dos plantas, pasillos más largo...) habrá más o menos aparatos. En algunos hay previstos poner hasta diez», comenta la directora de Calidad.

El sistema de cámaras se completará con 34 pulsadores antiatracos (más del doble de los actuales) y 4 centrales de alarmas. Todo costará 91.770 euros. 

Este refuerzo en la capital es significativo si se tiene en cuenta que en toda la provincia, tanto en centros de salud como en hospitales, hay 42 timbres antipánico, 70 cámaras, 186 interfonos, 66 teléfonos, 23 salidas alternativas, 26 vigilantes de seguridad y otras 20 medidas, como detectores de metales. En conjunto ha supuesto desde 2005 una inversión de 9 millones.

Las cámaras darán tranquilidad a los sanitarios y los usuarios. «Es importante que el personal se sienta seguro y que los pacientes no tengan que sufrir ningún tipo de situación agresiva cuando están visitando a su médico», señala Morcillo. En Granada ya se han dictado cuatro sentencias condenatorias por agresión a profesionales con penas de seis meses a un año de prisión.

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