La Audiencia Provincial de Madrid tenía que juzgar desde este lunes a varios guardias civiles por beneficiarse de las preguntas de los exámenes de acceso al Cuerpo y de Promoción Interna facilitadas por un alto mando a familiares y amigos.

El juicio ha tenido que suspenderse por la ausencia de uno de los letrados de los acusados, aunque el fiscal y el abogado del Estado se opusieron al plazamiento, para cuya nueva vista aún no hay fecha.

También se juzga al ex director de un centro de estudios privado de la capital por entregar, a cambio de entre 1.200 euros y 3.000 euros, títulos académicos falsos a los aspirantes al Instituto Armado que no disponían de los mismos. Los dieciséis acusados, la mayoría guardias civiles,

La mayor petición de pena recae sobre Paulino O. R., quien entre 1997 y 2000 estaba destinado como miembro de la Guardia Civil en la Plana Mayor de la Sección de Selección y Formación de la Jefatura de Enseñanza de la Benemérita, con sede en Madrid.

En el escrito de acusación, el fiscal relata que Paulino O. R. era el encargado de preparar, elaborar, custodiar y corregir los exámenes de acceso al Cuerpo y Promoción Interna de otros cargos del Instituto Armado. Entre sus cometidos figuraba también el de auxiliar y vigilar los exámenes hasta su traslado a Baeza (Jaén), donde se celebraban las pruebas.

Durante 1997 y 2000, el procesado facilitó las preguntas del examen a Antonio Del P. V., quien a su vez se las entregó a otros conocidos suyos en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos la acusada Carmen D. M.

Resultados modificados

Paulino O. R. hizo lo mismo con otros acusados, quienes se encargaban de distribuir los exámenes bajo precio en otras comunidades autónomas. En el caso de que los amigos o familiares hubieran suspendido las pruebas, se alteraban los resultados de los exámenes.

Al mismo tiempo, el entonces director del Centro de Estudios Cumbre, José Luis A. G., se encargaba de facilitar los certificados académicos necesarios para el acceso a la Guardia Civil a los aspirantes que no tenían el título de Secundaria.

El acusado, que afronta una pena de tres años de cárcel por falsedad documental, expedía certificados de estudios a personas que ni siquiera habían estado matriculadas en el centro, que depende del colegio Ramiro de Maeztu.