Así lo ha confirmado en rueda de prensa, tras asistir a una reunión con los agentes sociales y económicos en Mahón junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el director general de Modelo Económico y Ocupación, Llorenç Pou, y la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora.

Armengol ha señalado que se que trata de un plan de choque "extraordinario en un momento excepcional" y ha asegurado que era necesario "adecuar medidas de manera rápida para hacer frente a un invierno que se presenta duro".

"Por este motivo se han remodelado políticas con una posibilidad de contratación más amplia y que siguen enfocadas a parados de larga duración, personas en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencias machistas, jóvenes y, también, a los parados por motivo de la pandemia", ha añadido.

Negueruela ha especificado que el Plan de Choque para la Ocupación se estructura en seis ejes de actuación: contratación pública; estímulo empresarial; ocupación; formación; orientación e intermediación, y modernización.

En concreto, se prevé más de 20 medidas que permitirán la formación de 680 personas y la contratación directa de 279 personas en Menorca, a través de programas de contratación pública, como SOIB Reactiva o SOIB Mujer, y a través de programas de colaboración con empresas privadas, como la formación dual.

Dentro de la inversión destinada a contratación y formación, el plan prevé invertir en la isla 851.000 euros en la formación y contratación de trabajadores que se hayan visto directamente afectados por la COVID-19 y que, a pesar de que tengan expectativas de trabajar esta temporada, se encuentren en el paro o dentro de un ERTE.

Estas personas pasan así a integrarse dentro de los colectivos prioritarios en la planificación de las políticas activas de ocupación, a los que se destinan 8 de cada 10 euros del Plan de Choque.

En cuanto precisamente a los colectivos, además de los 851.000 euros mencionados anteriormente, se destinan en Menorca 1,32 millones de euros a políticas dirigidas a jóvenes, 1,28 millones a colectivos vulnerables, como personas en riesgo de exclusión o víctimas de violencia machista, y 925.000 euros a personas paradas de larga duración.