En una nota de prensa, la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Educación y Deporte de la Junta en Granada, Ana Berrocal, ha anunciado este miércoles que la Consejería ha ampliado en Granada la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de solidaridad y garantía alimentaria para entidades privadas sin ánimo de lucro.

En el caso de la provincia de Granada, este programa de acción social destinado a la solidaridad y la garantía alimentaria, se ha incrementado desde los 116.603 euros iniciales a los 573.531 euros, lo que supone un aumento de 456.928 euros del presupuesto inicialmente aprobado. Con esta partida presupuestaria se podrán atender a 11.233 personas usuarias de este recurso a través de los diferentes comedores sociales de nuestra provincia.

Para Ana Berrocal, los comedores sociales "constituyen un servicio esencial especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social pues garantizan la cobertura de necesidades alimentarias la población más vulnerable y constituyen un recurso fundamental y complementario de otras estrategias implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación".

La delegada ha agradecido el trabajo realizado por estos comedores que "presentan servicio a lo largo de todo el año y especialmente durante estas difíciles circunstancias de confinamiento" y ha manifestado su apoyo, considerando esta "actuación absolutamente prioritaria" y "esencial" el incremento de recursos destinados a esta linea de subvenciones.

La convocatoria de ayuda institucional para comedores tiene por objeto la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riego de exclusión social destinados a su consumo en las propias dependencias de la entidad que las preste o, en su caso, en los hogares de las personas demandantes.

La distribución de las cantidades, que ascienden en el conjunto de Andalucía a 3,4 millones de euros, se ha realizado en función de las demandas recibidas a las distintas delegaciones territoriales, de manera que se garantiza los recursos a todas las entidades que han solicitado las ayudas para que puedan ejercer su labor de ayuda a las personas en riesgo de exclusión.