El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que ejercite todas las acciones legales contempladas en la Ley de Partidos para impedir que el partido Askatasuna y la plataforma Demokrazia 3 Milioi (D3M) concurran a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil "se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008", en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.

La Fiscalía General, en ese sentido, las está investigando por poder suponer "un fraude". De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.

Aunque no ha concretado cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta ha señalado que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo "una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes" policiales siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Históricos de Batasuna

Las candidaturas de D3M, por ejemplo, están encabezadas en Vizcaya por Itziar Lopategi, en  Guipúzcoa por Idoia Ibero y en Álava por Amparo de Lasheras. Las tres son conocidas militantes de la izquierda abertzale e incluso Lasheras está detenida actualmente tras la última operación policial desarrollada en Euskadi por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El pasado lunes, Askatasuna presentó una lista en Álava y otra Vizcaya de cara a las elecciones vascas, mientras que D3M lo ha hecho en las tres provincias.