En su escrito, recogido por Europa Press, los alcaldes de La Roda y Herrera, Juan Jiménez y Jorge Muriel, respectivamente, señalan una vez más la investigación promovida respecto a este consorcio donde según la Policía Nacional, fueron realizadas contrataciones con cargo a fondos públicos y sin ningún tipo de licitación, en favor de "empresas fantasma cuyos administradores eran familiares" de los miembros de la red investigada, figurando por ejemplo contrataciones con una empresa administrada por José Antonio Mañas, secretario del Consorcio; y Manuel Ibáñez, gerente de la entidad y jefe de la planta de residuos.

En la causa judicial incoada al respecto, en ese sentido, figuran como investigados Mañas, Ibáñez, diversas personas relacionadas con empresas y el alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), al haber ostentado entre 2014 y 2019 la Presidencia de este consorcio.

Al respecto, estos alcaldes del PP reprochan al actual presidente del Consorcio que no haya "compartido" las decisiones adoptadas frente a la situación vivida en la entidad, avisando de que no ha sido cumplido el "compromiso" de finalizar el régimen de acumulación del que goza el secretario en la entidad al figurar como investigado en los hechos, ni la idea de una "estrategia procesal" pactada entre todos los representantes públicos ni la promesa de acometer una "normalización administrativa" en la entidad.

Es más, según los alcaldes populares, "no consta" que los métodos de contratación de la entidad sean "distintos" después de los hechos descubiertos, reclamando además información sobre las deudas del Consorcio con proveedores, la Hacienda pública o bancos, así como los "pleitos" que hubiese y la situación de un expediente de devolución de un anticipo pedido a la Diputación.

Además, piden conocer las deudas de los ayuntamientos con el Consorcio y el correspondiente "plan de cobro" que debería mediar e información respecto a lo acontecido en la citada trama. Igualmente, le recriminan la ausencia de "proyecto de gestión" mientras crecen "las deudas con los proveedores y hay "innumerables" litigios, por lo que temen un "bloqueo económico" y le piden que "rinda cuentas urgentemente".