Una moción del Grupo El PI-Proposta per les Illes Balears llevará a la Cámara Autonómica el debate acerca de la política de comercio del Ejecutivo balear, mientras que la reforma de la ley educativa estatal se debatirá a través de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular.

Acerca de esta última cuestión, se ha pronunciado esta semana la diputada 'popular' Núria Riera quien ha considerado que la reforma de la ley educativa es "sectaria e impositiva". "La ley es la muestra más clara de que tenemos un Gobierno sectario", ha señalado, a la vez que ha añadido que "se está utilizando la tramitación de la ley educativa como moneda de cambio para conseguir los Presupuestos Generales del Estado".

En este sentido, Riera ha explicado que el PP pedirá al conseller de Educación, Martí March, que se pronuncie sobre el límite de asignaturas para suspender o la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

"El castellano es lengua vehicular en todo el territorio español porque así lo marca la Constitución y todos los españoles tienen que poder aprenderla en las escuelas. Además, en Baleares también es lengua vehicular el catalán propio de las Islas, pero la señora Celaá pretende ahora eliminar el castellano, en contra de la protección a la lengua que establecía la ley Wert", ha indicado.

En este sentido, el portavoz del Grupo Vox-Actúa, Jorge Campos, ha asegurado que la nueva ley de Educación "no va a cambiar nada en relación a la lengua vehicular" en el sistema educativo público de Baleares por que, ha añadido, en las Islas, el español "lleva más de 20 años erradicado como lengua vehicular imponiéndose en la práctica la inmersión lingüística obligatoria en catalán".

Campos ha apuntado que, por tanto, "el problema" radica en que la competencia de educación está transferida a las comunidades, y en las que cuenta con lenguas cooficiales "da igual que gobierne la izquierda o el PP ya que todos han legislado arrinconando la lengua oficial del Estado". "Vox es la única que defiende la libertad educativa", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha expresado que la LOMLOE se está haciendo "con cero transparencia y cero implicación de todos los grupos parlamentarios" y ha asegurado que supone "un nuevo golpe a la libertad educativa".

PREGUNTAS DE CONTROL AL EJECUTIVO

De acuerdo con el orden del día de la sesión, el próximo martes el pleno del Parlament abordará otras cuestiones durante las preguntas de Control al Govern, que girarán en torno a diversos temas como la crisis sanitaria, la vivienda, o el plus de 22.000 euros por doble insularidad para los altos cargos del Govern.

Sobre el plus de 22.000 euros por doble insularidad para altos cargos del Govern, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, ha asegurado que durante la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2021, su formación pidió que el plus de 22.000 euros -para altos cargos que residen fuera de Mallorca- se rebajase a 12.000 euros y se justificase.

En este sentido, ha reiterado que su grupo mantiene su voto en contra al artículo 16 si finalmente no se modifica. "Así como está no creemos que en estos momentos deba de aprobarse", ha señalado.

Por su parte, la diputada 'popular' Núria Riera ha afirmado que su grupo parlamentario exige "que se haga un buen uso de estos pluses, porque es inaceptable que por parte de un cargo público se haga un abuso de forma irregular de unos recursos públicos". "Si un cargo de Podemos ha hecho un uso indebido de estos recursos públicos, debe pedir disculpas, devolver el dinero e irse a su casa", ha añadido.

En esta línea, la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha exigido al conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, "el cese inmediato de la directora general de Innovación", ya que "hace un mes que la Comisión de Ética tiene sobre la mesa el informe de Anticorrupción que pone de manifiesto que se incumplen los requisitos que marca la Ley de Presupuestos para el cobro de esta indemnización". Además, ha recordado que "22.000 euros es el sueldo medio que cobra un ciudadano de Baleares y ellos lo tienen por complemento".

"Ellos habían llegado para regenerar la política por lo que deberían de dar ejemplo", ha expresado por su parte la diputada y portavoz parlamentaria de El PI Lina Pons sobre Unidas Podemos.

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sílvia Cano, ha señalado que el Proyecto de Presupuestos aprobado en Consell de Govern "vuelve al sentido originario de esta indemnización que tiene como finalidad la participación de los ciudadanos de Baleares que no residen en Mallorca en el Govern".

DEBATE DE DOS PNL

También a través del debate de dos Proposiciones No de Ley (PNL), una del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, relativa al blindaje de la sanidad pública, y otra del Grupo Vox-Actúa Baleares, relativa a auditoría del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Sobre la PNL de MÉS per Mallorca, se ha pronunciado esta semana la portavoz del Grupo Socialista, Sílvia Cano, quien ha asegurado que la formación aprovechará el pleno para reiterar su compromiso con la sanidad pública.

En este sentido, ha recordado que "desde el 2015 se ha reforzado la sanidad pública con un 31 por ciento más de presupuesto y 1.400 profesionales más que con la pandemia han aumentado hasta los 2.300".