La Comisión de Prevención Ambiental aprobó ayer que el proyecto de Richard Rogers para la ciudad debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental debido a sus dimensiones y la «irreversibilidad» de las actuaciones previstas.

No obstante, la última palabra la tiene ahora la Consejería de Medio Ambiente, que puede incluso decidir lo contrario.

El plan modificará el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para actuar en la zona de tallares, las estaciones de tren y autobús, Ariza y Argales, en total, unas 100 hectáreas.

El promotor del proyecto es quien debe hacer la evaluación y someterla a información pública durante 30 días para que se puedan presentar alegaciones. Todo ello, como poco, dura seis meses.

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