Desde el Consistorio han recordado que el Ayuntamiento adjudicó en 1989 por 20 años el Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Mahón. El año 2003, se aprobaron dos prórrogas de diez años cada una, hasta el 2029. A lo largo del desarrollo del contrato, ambas partes habían acumulado una serie de desequilibrios fruto de obras y servicios realizados no previstos inicialmente, provocando un desequilibrio pendiente de resolver.

Este hecho motivó que, en el año 2015, el equipo de gobierno municipal iniciase un proceso para regularizar la situación, que culminó en diciembre de 2016 con la aprobación de la adenda al contrato.

Este documento recogía las obras ejecutadas por la empresa durante los años anteriores informadas favorablemente por los técnicos municipales. La adenda también señalaba que el coste de estas actuaciones se compensaría con deudas de Hidrobal con el Ayuntamiento. Una vez hecho el recuento final, el documento establecía un saldo positivo a favor de la concesionaria de 568.374 euros, a compensar con una revisión de tarifas.

"La aprobación de este acuerdo motivó las alegaciones y posterior recurso contencioso administrativo del PP", han indicado desde el Ayuntamiento de Mahón. Sin embargo, el juzgado ha desestimado este recurso, considerando que la adenda se ajusta a derecho en su totalidad, tal y como ya apuntaban los informes de los técnicos municipales. Además, la sentencia obliga a la parte demandante a pagar todos los gastos del proceso judicial.

No obstante, el equipo de gobierno ha considerado "imprescindible" dejar en suspensión la revisión de las tarifas dado el contexto actual y la falta de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de agua de calidad óptima. "Se buscará una alternativa que compense el desequilibrio económico y este acuerdo se hará extensible a la oposición", han concluido.