El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre, habría sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero, según publica este martes el diario El País .

Según el rotativo, el espionaje, realizado con cámaras ocultas, habría permitido elaborar dos informes con documentos y fotografías de González durante dos viajes, uno  privado y otro oficial, realizados por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en marzo y agosto del año pasado a Colombia y Sudáfrica,

Este material gráfico ha despertado preocupación en las filas de la Comunidad, donde se sospecha que las personas involucradas conocen a la perfección la agenda del vicepresidente e, incluso, pueden formar parte de sus acompañantes más cercanos, debido a la cercanía y lugares de las imágenes tomadas.

La información llega sólo un día después de darse a conocer la noticia que relacionan a la Consejería de Interior de Madrid con una presunta trama de ex policía y es guardias civiles que invetigan presuntos casos de corrupción para el consejero Francisco Granados, para quien esto es "un hecho delictivo" que debe ser investigado por la Fiscalía y la Policía.

Los dossieres desvelados ahora por el El País señalan el viaje privado de Ignacio González como un regalo de un constructor al que, presumiblemente, habría beneficiado en la adjudicación de obras públicas, aunque él segura en la misma publicación que "el empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explica".

Por su parte,  el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que de confirmarse el espionaje y seguimiento a Ignacio González, es un hecho "absolutamente delictivo" por lo que deberá actuar la Fiscalía y la Policía.

Esperanza Aguirre, la presidenta regional, ya ha solicitado a los servicios jurídicos de la Comunidad que interpongan una denuncia en el juzgado para averiguar si los altos cargos del Gobierno regional están siendo objeto de seguimiento y espionaje, y va a pedir también a la Fiscalía que lo investigue.