La asociación Galicia Bilingüe denunció hoy que la Consellería de Educación "rechazó expresamente" una primera solicitud de "las más de dos mil" que a mediados de octubre presentaron padres y madres gallegas en las oficinas de la Inspección Educativa de cinco ciudades para solicitar que sus hijos pudiesen estudiar íntegramente en castellano, tanto en lo relativo al material didáctico como a su uso oral en clase o en los exámenes.

Según apuntó Galicia Bilingüe, la resolución negativa de la Administración de Pérez Touriño se refiere a la petición del padre de una alumna de un instituto de Culleredo (A Coruña) y "contradice una resolución anterior" de la Inspección Educativa sobre dos estudiantes de Pontedeume.

Desaparición

Asimismo, la asociación criticó que Educación "no haga prácticamente referencia" y "responda a casi ninguno de los sólidos argumentos a favor de la libertad de elección de lengua en la enseñanza" que "sustentaba la petición promovida por Galicia Bilingüe". Así, apuntó la organización, la Consellería "se aferra al polémico decreto 124/2007 que regula el gallego en la Educación" y "aduce que establece expresamente las materias que serán impartidas en ese idioma", lo que, alertó Galicia Bilingüe, "se traduce en la práctica desaparición del castellano de la docencia en los centros escolares" .

Además, continuó la asociación, la Xunta cita el artículo que indica que en las clases impartidas en gallego el alumnado usará esta lengua, con carácter general, en las manifestaciones oral y escrita, y afirma que este texto debe ser interpretado de manera sistemática.

Precisamente, Galicia Bilingüe hacía también referencia a este artículo para sustentar su postura, pues, según sus palabras, la Administración "no aclara en qué supuestos o hasta dónde abarca la cláusula de excepcionalidad que supone utilizar la expresión con carácter general".

Asimismo, las alegaciones de Galicia Bilingüe apelaron también al Estatuto de Autonomía, a un dictamen del Consello Consultivo de Galicia o a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional para defender el derecho de elección del idioma de estudio por parte de los alumnos, excepto para las clases y actividades relacionadas con una determinada lengua, como Inglés, Lengua Gallega o Lengua Castellana.

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