La Fiscalía de Delitos de Odio ha pedido tres años de cárcel para un teniente de alcaldía y una exteniente de alcaldía socialistas de Pineda de Mar (Barcelona) y para el jefe de la policía local por supuestamente haber coaccionado a un hotelero de la población para que expulsara del su establecimiento a policías nacionales antidisturbios alojados durante septiembre y octubre de 2017.

Los acusados son la exprimera teniente de alcalde y exconcejal de Promoción Económica, Carmen Aragonés; el exsegundo teniente de alcalde y ahora tercer teniente, Jordi Masnou, y el jefe de la policía local, CSM. El ministerio público les acusa de coacciones con el agravante de prevalimiento de cargo público, y les pide tres años de prisión y de inhabilitación.

Presiones para que expulsaran a los agentes

Según el fiscal Miguel Ángel Aguilar, los 500 policías alojados en Checkin Pineda y al Checkin Mont Palau tenían contratada la estancia hasta el 5 de octubre. El 2 de octubre tuvo lugar una multitudinaria manifestación ante los hoteles para condenar la actuación policial del 1-O. 

Dada la situación de tensión que se vivió, hacia las 21 horas, la primera y el segundo tenientes de alcalde y el jefe de la policía local, de paisano pero que se identificó, fueron al Checkin Mont Palau "sin cita programada y fuera de la agenda oficial" para, "con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, conseguir la expulsión" de los agentes.

Así, "con apoyo intimidatorio", pidieron hablar con el director del hotel y le "exigieron" cerrar el hotel y "desalojar" a los policías. El director llamó al gerente de la cadena y la teniente de alcalde le reiteró, por teléfono, la petición. El gerente se negó alegando que los agentes no habían causado ningún problema y entonces Aragonés pasó el teléfono a Masnou que, como responsable de urbanismo, "advirtió expresamente, con tono desafiante y atemorizador" al gerente para echar a "aquellos clientes sí o sí". 

El fiscal asegura que el concejal llamó al gerente diciéndole que allí mandaba él y "si él decía blanco, es blanco". Como el gerente mantenía la negativa, el regidor "incrementó su inadmisible presión, advirtiéndole de forma desafiante que si no echaba a los policías, le cerraría el hotel al día siguiente y estaría cerrado cinco años".

El gerente le respondió al concejal que no podía hacer eso y que antes tenía que hablar con un comisario de policía de Madrid. Masnou le habría respondido que a él le daba "igual" con quien hablara, ya que era el teniente de alcalde quien "mandaba" y que "haría todo lo que tuviera que hacer para cerrar los hoteles".

El gerente redactó una carta para explicar lo sucedido

La comitiva municipal se marchó del hotel y el gerente de la cadena, con el "temor a posibles y creíbles represalias", redactó una carta donde decía que "debido a una reunión mantenida con responsables del Ayuntamiento de Pineda" se veían "obligados" y "bajo amenaza de cerrar los hoteles durante cinco años", a desalojar el contingente policial el 3 de octubre a las 4 de la tarde. 

La carta la envió al director de los dos hoteles, que lo comunicó verbalmente y por escrito a los responsables policiales alojados en el hotel Mont Palau. El director envió la misma carta al recepcionista del otro hotel, el Checkin Pineda, que también lo comunicó al inspector de policía a cargo del contingente de aquel establecimiento.

Poco después, esa misma madrugada, Aragonés explicó en directo en La Sexta TV: "No hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo". Si los hoteles no hubieran accedido a echar a los policías, Aragonés dijo que el consistorio habría mirado qué hacer con los abogados y técnicos del Ayuntamiento.

"Preocupadas" porque la carta había llegado a los medios

A primera hora de la mañana del día siguiente, Aragonés y la teniente de alcalde de comunicación, Silvia Biosca, estaban "preocupadas" porque la carta del gerente de los hoteles había llegado a la prensa. Por eso fueron al hotel Mont Palau para pedir una reunión urgente en el Ayuntamiento con la dirección de los hoteles para hacer un comunicado conjunto. 

La reunión se hizo a las 11 de la mañana, y asistieron el director de calidad y expansión y el director financiero de la cadena. Las tenientes de alcalde, "con el fin de doblar la voluntad" de los hoteleros, les "exigieron" que firmaran un documento "confeccionado falsamente" por parte de Biosca "siguiendo las instrucciones" de Aragonés, donde constaba un "supuesto comunicado de prensa conjunto" entre el consistorio y la cadena hotelera.

El comunicado para enviar a la prensa "señalaba con manifiesto desprecio a la verdad, que la dirección de los establecimientos conjuntamente con el gobierno municipal habían planteado la posibilidad de adelantar la salida del personal alojado por razones de seguridad y con el fin de garantizar la convivencia el municipio ". 

Además, añadía que "concretamente ayer, en una reunión con el gobierno municipal y la cadena hotelera, se acordó de mutuo acuerdo que la salida se produciría en el transcurso del día de hoy" y que "en ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión y desmentimos que el Ayuntamiento haya amenazado el establecimiento hotelero con su cierre".

Los dos representantes de los hoteles se negaron a firmar el documento porque decían que no era verdad, pero el comunicado se distribuyó igualmente entre los periodistas. Según el fiscal, la trascendencia pública de este documento supone un "desprestigio" y "descrédito" para la cadena hotelera ante "posibles clientes de toda España" por "la aparente imagen transmitida de trato discriminatorio cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso, policías ".