El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, apuntó este lunes la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de prohibición del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD), tras el atentado sufrido por el jefe de la policía de Passau, Alois Mannichl, por un presunto neonazi.

Si se demuestra que hay una clara vinculación entre el NPD y esa agresión se puede impulsar un nuevo proceso de prohibición

"Si se demuestra que hay una clara vinculación entre el NPD y esa agresión se puede impulsar un nuevo proceso de prohibición", indicó el ministro, en declaraciones a la televisión pública alemana.

Mannichl abandonó el viernes pasado el hospital, donde fue ingresado con una grave herida junto al corazón tras ser acuchillado a la puerta de su casa por un cabeza rapada.

El jefe de la policía de la citada localidad bávara estaba considerado un "enemigo declarado" de la ultraderecha, por su decidida intervención contra marchas neonazis y otras concentraciones de los radicales de la región.

El NPD, en su página web, llegó a apuntar que Mannichl había "provocado" con esas acciones la agresión que sufrió.

En la web de este partido se decía que el Policía había "provocado" la agresión que sufrió

El jefe de la policía, de 52 años, aseguró al salir del hospital que seguirá luchando contra la ultraderecha.

El atentado, ocurrido el sábado día 12, reabrió el debate entre los políticos acerca de la oportunidad de impulsar otro proceso de prohibición contra el NPD, principal formación de la ultraderecha alemana y con la agresión a Mannichl como nueva prueba inculpatoria.

Ya lo intentaron en 2003

En 2003 fracasó un primer intento de ilegalización, ya que el Tribunal Constitucional rechazó la demanda presentada conjuntamente por el Gobierno y el Parlamento por estar sustentada en información de infiltrados policiales, considerados además agitadores.

El NPD no está representado en el Bundestag (Parlamento federal), pero tiene escaños en dos estados federados -Sajonia y Mecklenburgo Antemporania, doce y seis-, además de representantes en consistorios locales, lo que en virtud de la ley de financiación de los partidos le proporciona unos ingresos 1,4 millones de euros al año.