Según informa el Ayuntamiento, los agentes identificaron a dos personas como las responsables del evento, a las que se les denunció por infracción grave, desalojándose al resto de asistentes.

Fueron las quejas vecinales del entorno de la finca las que motivaron que los policías locales acudieran al lugar y comprobaran que se carecía de la autorización del área de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Por su parte, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han intensificado su labor de inspección en la lucha contra los botellones y las fiestas ilegales, reforzando las líneas de actuación, tras los últimos aumentos de casos positivos de Covid-19 vinculados a prácticas relacionadas con el ocio nocturno. Este tipo de infracciones pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros.