Los jueces dictaron 233 condenas penales injustas en la provincia el año pasado, 22 más que el anterior, un 10% más, aunque la Justicia es más eficaz, puesto que el número de sentencias se ha disparado, al pasar de 3.197 a 4.241, un 32% más, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial.

Todas esas sentencias fueron revocadas por un tribunal de rango superior y las condenas reducidas, aumentadas o incluso anuladas.

Eso le ocurrió a José Ignacio, víctima de un secuestro. Sus captores fueron condenados a más de 45 años de cárcel pero todos recurrieron la sentencia, y él también (para aumentarla).

Hace unos meses el Tribunal Supremo les sumó a dos de ellos una pena de dos años de cárcel por un delito de lesiones y redujo a otro cinco por ser sólo cómplice.

El Supremo también ordenó el desahucio de una mujer y sus hijos menores de edad del piso que ocupaban, y que sus ex suegros habían cedido al matrimonio. Los abuelos habían pedido un desahucio que rechazó un juzgado y la Audiencia, ya que los ex suegros «no habían alegado necesidad». Pero luego, el Supremo les ha dado la razón.

Uno de los casos más llamativos fue el del motín de Fontcalent, en 1990. El Supremo anuló el juicio (porque la vista se celebró por videoconferencia) y la condena a 763 años de prisión a 12 acusados. Murió asesinado un interno.

Además, 2.149  reconocieron sus delitos y no llegaron a juicio, fueron sentenciados.

Base ideal del crimen organizado

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y vocal territorial del mismo en la Comunitat, Gabriela Bravo, destacó que «Alicante, por sus condiciones geográficas, económicas y turísticas, es un lugar donde confluyen muchas condiciones para poder ser base operativa del crimen organizado».

Además, alertó de la gran cantidad que hay de presos preventivos en la provincia, 440. 

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