En la Edusi Bormujos, los municipios han propuesto la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza con actuación de formación para la obtención de certificados de profesionalidad, solicitado por las localidades de Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines, detalla en un comunicado.

En este sentido, Espartinas solicitó formación con acompañamiento a la inserción socio-laboral; Castilleja de la Cuesta, programa de refuerzo educativo y apoyo social y Bormujos y Espartinas, obras de rehabilitación de edificios públicos. Para todo ello hay un presupuesto de 2,4 millones de euros.

En la Edusi Camas, los municipios se han decantado por acciones dirigidas al impulso de fomento laboral y desarrollo del autoempleo entre mujeres inmigrantes residentes en la zona de Camas y, también, dirigidas a la sensibilización, formación, experiencias profesionales para el empleo, asesoramiento y acompañamiento, de modo presencial y a través de las nuevas tecnologías de la información, lo que permitirá afrontar con mejores herramientas el proceso de conviviencia en el entorno local. Este proyecto fue solicitado por el municipio de Camas.

Por su parte, Valencina de la Concepción, se inclinó por un taller de carpintería y artes plásticas; Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, por un programa de refuerzo educativo y apoyo social; Santiponce, por itinerarios personalizados de inserción, y Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción, apostaron por obras de rehabilitación de edificios públicos. El presupuesto para todas estas acciones asciende a 432.000 euros.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado que a través de la cohesión social, se garantiza que los distintos territorios de la provincia "mantengan unos niveles homogéneos de prestaciones sociales en condiciones de equilibrio interterritorial". Por ello, desde la Diputación "prestamos asistencia técnica, económica y material que facilita a los ayuntamientos la realización de las políticas sociales, de igualdad de género y diversidad tan importantes para el conjunto de la ciudadanía de la provincia".

"En definitiva, ofrecemos un abanico de servicios que están configurados como un elementos esencial del Estado de Bienestar y están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad", ha concluido.

ACTUACIONES PLAN DE COHESIÓN

Por otra parte, la Diputación ha reforzado las plantillas de los Servicios Sociales Comunitarios con 23 nuevos profesionales de Trabajo Social. La contratación de estos profesionales, realizada el pasado mes de junio, tendrá una duración de seis meses y "es fruto de la puesta en marcha del Fondo Social Extraordinario que, aprobado por el Gobierno de España, está haciendo frente al impacto social y económico originado por la Covid-19".

Se trata del fondo que fue transferido a las comunidades autónomas y, a su vez, éstas debían hacerlo llegar a las entidades locales. Así, de esos 2 millones de euros que correspondieron a la Diputación, 1,4 se pusieron en manos de los ayuntamientos en clave social y el resto es el presupuesto que ha utilizado la Diputación para este refuerzo en las plantillas de los Servicios Sociales Comunitarios.

En el apartado de Ayudas Económicas Familiares, que son las prestaciones dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los menores favoreciendo su permanencia e integración en el entorno familiar y social, la Diputación ha destinado 940.115 euros a las familias con el fin de atender las necesidades básicas de los menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.En total se han atendido a 445 unidades familiares con un total de 850 menores.

En lo que respecta a Emergencia Social, la Diputación dispone de un paquete de prestaciones económicas complementarias individualizadas, de carácter urgente o coyuntural, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades familiares en los municipios menores de 20.000 habitantes. La situación de estado de alarma derivada de la pandemia por Covid-19 ha supuesto un obstáculo en el desarrollo de este programa en cuanto que los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios no han podido atender presencialmente a la población destinataria del Programa.

Asimismo, muchas de las ayudas destinadas a obras de adaptación o puntuales por problemas de habitabilidad han sido postergadas debido a que el sector de la construcción también se vio afectado por la inactividad. En total, se han beneficiado 59 unidades familiares de 30 municipios y un gasto de 92.478 euros. En cuanto a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, la Diputación elabora el Plan de Inclusión Sociolaboral y asume, entre sus funciones, las altas y modificaciones del personal técnico de Trabajadores Sociales de la provincia y la asignación, apoyo y seguimiento de los Planes con el apoyo del programa Sistema de Información de la Renta Mínima de Inserción Social (Sirmi).

En el segundo semestre de 2019 se aprobó la Resolución de transferencias de financiación para el refuerzo de personal a contratar por los ayuntamientos en desarrollo del Programa según Orden la de Consejería de Igualdad, así como en el primer semestre de 2020, lo que ha supuesto la contratación de 72 trabajadores sociales y 41 para personal administrativo con un gasto total de 1,7 millones para 93 municipios.