Según ha informado el Ejecutivo regional, el plan ha sido presentado por la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y persigue "optimizar recursos".

La iniciativa se centrará en el examen, la emisión de informes y la formulación de conclusiones y recomendaciones en relación con tres áreas del Principado. En primer lugar, la Inspección General de Servicios estudiará las interrelaciones competenciales que afectan al Servicio Técnico de Gestión Patrimonial, al Servicio de Contratación Centralizada y al Servicio de Patrimonio, así como otros órganos de contratación de la Administración.

El examen persigue conocer la repercusión de la confluencia competencial y posibles ineficiencias, tanto operativas como económicas, buscando la armonización de procedimientos, trámites y expedientes, con el fin de mejorar el modelo diseminado de servicios de contratación.

En cuanto a fundaciones y empresas públicos se analizará la normativa de contratación laboral y temporal de personal por parte de las fundaciones y empresas públicas.

Con esta medida, se persigue identificar posibles mejoras y definir procedimientos de simplificación de los trámites, proponiendo las tipologías más adecuadas para cada tipo de necesidad.

Por último, el Principado pretende definir un plan de análisis de las cargas de trabajo de las diferentes consejerías, así como de los organismos y entes públicos, a excepción de los centros e instituciones sanitarias, el personal docente y los establecimientos de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Autónomos (ERA).

Considera el Gobierno que así se obtendrán datos básicos para acometer la modernización de la Administración, optimizar recursos públicos y atender al principio de eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Además, los resultados de la inspección se reflejarán en un informe que, junto con el análisis y diagnóstico de la situación, contendrá recomendaciones para corregir las deficiencias que puedan haberse observado.