Mientras tanto, los profesores y personal administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) planteaban ayer como única solución para desencallar el punto muerto al que se ha llegado, la retirada de los expedientes impuestos a 28 alumnos que se enfrentan a hasta 11 años de expulsión.

Esta es una de las condiciones básicas que esgrimen los alumnos para iniciar un proceso de diálogo, junto a la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la aplicación del llamado Plan Bolonia, al que los estudiantes que protagonizan los encierros en nueve facultades de Barcelona, y otras más de Lleida y Tarragona, culpan de mercantilizar y privatizar la universidad.

Bajo estos mismos ideales y objetivos, centenares de universitarios se manifestaron ayer en Madrid. Algunos de ellos prosiguen un encierro en el Rectorado de la Complutense. En Sevilla, el Campus Ramón y Cajal se ha añadido a la protesta.

Los encierros ya se han prolongado durante tres semanas, en las que todavía no se ha logrado un acercamiento de posturas entre alumnado, y rectorado y Generalitat. Eso sí, el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, matizaba ayer que los encerrados «se portan bien».

En el edificio histórico de la UB, sorprende la organización y limpieza de las zonas ocupadas por los estudiantes. Una «comisión de cocina» se encarga de elaborar más de 250 menús al día. Los alimentos provienen de donativos de mercados y hoteles «que se solidarizan con nuestra lucha», explicaba Manel, uno de los estudiantes-cocineros.