La Fiscalía actuará en el caso de una vecina de Córdoba que ha instalado una casa portátil en el mismo terreno no urbanizable en el que el pasado abril ya fue demolida una vivienda suya después de que fuera condenada por un juzgado.

Fuentes de la Fiscalía cordobesa han informado de que, una vez que se les remita el expediente sancionador que ha abierto la Gerencia Municipal de Urbanismo , se analizará el caso para estudiar si la propietaria ha podido incurrir en los delitos de desacato, quebrantamiento de condena o contra la ordenación del territorio.

El pasado abril se ejecutó una sentencia judicial por la que la Gerencia de Urbanismo derribó una vivienda ilegal de dos plantas en el cerro de San Cristóbal, en plena sierra cordobesa. Sin embargo, meses después la propietaria del inmueble ha instalado una casa prefabricada sobre el terreno que quedó vacío.

Fuentes judiciales han indicado que la Audiencia Provincial acordó hace unos meses que este tipo de casas pueden ser consideradas como construcciones a efectos penales, por lo que deben tener el mismo tratamiento que una casa de obra en el caso de que se entienda que se ha cometido un delito contra la ordenación del territorio.

Por otro lado, fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento han informado de que la Policía Local denunció por primera vez esta vivienda hace uno dos meses, cuando alertaron de que en este solar se estaba llevando a cabo una obra de pavimentación del suelo, en concreto una plancha de hormigón sobre la que asienta la casa prefabricada.

Como consecuencia de esta denuncia, la GMU inició un expediente sancionador por indisciplina urbanística, ya que este terreno no es urbanizable. Asimismo, la Policía tramitó una segunda denuncia cuando comprobaron la instalación de la vivienda portátil en este terreno, que se incorporó al expediente sancionador.

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