El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall han llevado el supuesto caso de espionaje de sus teléfonos móviles a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a Amnistía Internacional. 

En las cartas, Torrent y Maragall apuntan que "el espionaje a ciudadanos y representantes políticos constituye una agresión inaceptable a los derechos fundamentales". Por eso alertan de que el hecho de que "las instituciones del Estado puedan pasar por alto estos hechos sin tomar las medidas oportunas" les obliga a "emprender todas las actuaciones al alcance para impedir que estas prácticas resulten impunes".

Para denunciar el presunto espionaje mediante 'Pegasus', un programa que solo pueden comprar los gobiernos, han contactado con el relator especial de promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión de la ONU, David Kaye; la comisaria por los Derechos Humanos al Consejo de Europa, Dunja Mijatović; y a la secretaria general adjunta de Amnistía Internacional, Julie Verhaar.

En el caso de la comisaria Dunja Mijatović, el presidente le advierte que habría podido ser también espiada, puesto que los dos mantuvieron una reunión en Estrasburgo el 14 de mayo del 2019, periodo en que se produjo el ataque. Por su parte, tanto Kaye como Amnistía Internacional han denunciado diversas veces el uso abusivo e ilegal de Pegasus en varios países como México, Marruecos o Arabia Saudí contra periodistas, activistas y políticos.

Torrent los emplaza a seguir de cerca el caso y a emprender las medidas que consideren apropiadas para proteger sus derechos.