En un comunicado, estos sindicatos han criticado que "dicho acuerdo ha sido avalado por las patronales y tan sólo por el 1% de los sindicatos (USO y CCOO), tras ser apartada la representación sindical de la mesa de negociación a tres entre administración, patronales y sindicatos, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años".

"Tras el cambio de Gobierno, el anterior acuerdo que finalizaba en agosto de 2019, fue prorrogado hasta junio de 2020 con el fin de poder realizar una negociación con garantías tras la aprobación de los presupuestos de 2020. Esta aprobación se atrasó hasta finales de febrero, poco antes de la pandemia, y a pesar de haber un incremento del 4,5% en las partidas de concertada, el Departamento no ha trasladado esta subida de recursos económicos a una mayor financiación del nuevo acuerdo", han censurado SEPNA-FSIE, UGT y LAB.

Según han expuesto, tras el confinamiento, se han encontrado con que el Departamento de Educación "ha cambiado el marco de negociación vigente en los últimos años dejándonos fuera, y las patronales, sin consulta previa a los sindicatos, han aceptado inmediatamente un acuerdo de bases con el Departamento que implica recortes en las condiciones laborales de 3.500 trabajadores".

Por lo tanto, han agregado, "lejos de habilitar una nueva prórroga y atender a las declaraciones institucionales aprobadas por el Parlamento el pasado mes, se ha aprovechado el estado de alarma para imponer los primeros recortes en educación por parte del consejero Gimeno". Y han criticado que "la presidenta Chivite tampoco ha querido recibir a los sindicatos para que le transmitan su malestar".

Asimismo, han censurado que "sin haber existido ningún tipo de negociación con Administración o patronales, los sindicatos USO y CCOO con el 1% de representatividad en total han firmado este acuerdo regresivo, mientras que SEPNA-FSIE, UGT, LAB y ELA con el 99% se han negado a aceptar estos recortes, más aún sin proceso negociador". Además, han remarcado que "los únicos dos delegados de USO se han mostrado públicamente contrarios a la firma".

Para la mayoría sindical de la concertada, el Gobierno foral "ha dado luz verde a un acuerdo ilegítimo avalado mediante la práctica antisindical de firmar en minoría de USO y CCOO, y utilizando un procedimiento de muy dudosa legalidad, ya que el VI Convenio Estatal de Enseñanza Concertada establece que los acuerdos autonómicos deben ser firmados por la mayoría empresarial y sindical".

En opinión de las cuatro formaciones sindicales no firmantes, "es lamentable que una administración pase por encima de la mayoría de la representación legal de los trabajadores y respalde un acuerdo antidemocrático firmado por el 1% de representación sindical para imponerlo a la totalidad de los trabajadores que atienden al 38% del alumnado navarro".

Ante esta "penosa" situación, los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT, LAB están realizando un estudio legal "pertinente" que "permita impugnar el acuerdo" y han dando comienzo a una nueva ronda de contactos con todos los partidos políticos. Las reuniones han comenzado este mismo lunes, 20 de julio, con el encuentro mantenido con el parlamentario del PSN Jorge Aguirre.

Además, los sindicatos han anunciado que acudirán al Defensor del Pueblo y que convocarán diferentes tipos de movilizaciones que, junto al Covid-19, marcarán el inicio del nuevo curso.

En este sentido, la próxima movilización será una concentración que se realizará el jueves 23 de julio a las 11.00 horas frente al Departamento de Educación con el objetivo de "revertir una situación injusta y antidemocrática para el conjunto de las plantillas de centros concertados e ikastolas".