Nervioso y con un rosario en la mano. Así comenzó ayer el juez Fernando Ferrín Calamita el juicio en el que se le acusa de un supuesto delito de prevaricación, por retrasar maliciosamente la adopción de una niña por parte de la pareja de su madre, otra mujer.

Calamita respondió ayer que él veló por el interés de la menor y que "ninguna persona tiene derecho a adoptar, son los niños los que tienen derecho a ser adoptados".

La afirmación provocó el aplauso de sus familiares, que fueron amenazados de expulsión por el presidente de la Sala, Julián Pérez-Templado.

Ferrín Calamita justificó así el retraso en la adopción: "Lo que yo quería era un informe sobre la repercusión de la adopción en la menor, y nadie me ha contestado". Y es que según el juez, él quería un informe aséptico, sin contaminación ideológica. Según él mismo, el informe que recibió que sí consideraba aptas a las dos mujeres, estaba politizado.

Calamita aseguró que hubiera aprobado la adopción en el caso de tener sobre la mesa un informe que hiciera valer la idoneidad de las mujeres con madres adoptivas de la niña.

El abogado demandante, José Luis Mazón, preguntó a Ferrín si su intención era dar en adopción a la niña a una familia heterosexual, lo que negó Calamita. Respecto a su postura sobre las adopciones por gays, Ferrín declaró que hay informes contradictorios, y unos que consideran que los niños adoptados por gays son "cobayas humanas", aunque afirmó que "los niños necesitan de un padre y una madre. Un hombre y una mujer se complementan. Dos mujeres no".

Mazón también preguntó a Ferrín si estaba en contra o no de los matrimonios homosexuales, a lo que el magistrado respondió que tenía su opinión personal, pero se la guardaba.

En el momento más tenso del día, Ferrín Calamita pidió que una de las abogadas de la acusación particular dejara de mirarlo "fijamente a los ojos", a lo que ésta respondió que sería "una desconsideración no hacerlo".

La acusación particular pide 4 años de inhabilitación y 3 de prisión. La acusación pública pide 9 meses de prisión y 18 años de inhabilitación.