El alcalde de La Roda de Andalucía ha explicado a Europa Press que si bien Antonio Jesús Muñoz viene manifestando públicamente que prevé fijar para el 9 de julio la demandada sesión de la junta general del Consorcio, no hay "ninguna convocatoria" oficial, por lo que esta nueva solicitud formal está destinada a reclamar que dicha sesión "se celebre de una vez por todas" y de manera presencial.

Del mismo modo, ha criticado las "contradicciones" de Muñoz y del presidente de la Diputación, el también socialista Fernando Rodríguez Villalobos, precisando que aunque alegasen que los miembros del Consorcio afectados por la primera fase de la operación "fueron voluntariamente a declarar" ante la Policía Nacional, los documentos de la investigación acreditan que el alcalde socialista de Casariche, Basilio Carrión, anterior presidente del consorcio, "fue detenido y está imputado".

Además, ha lamentado que Villalobos desligue al PSOE de la trama, rememorando que él mismo recibió en su despacho de la Diputación a Basilio Carrión como presidente del consorcio y al secretario interventor de la entidad y también investigado en la causa, José Antonio Mañas.

"QUE SE ACLARE LO ANTES POSIBLE"

Así, el alcalde de La Roda ha reclamado "que se aclare lo antes posible" la gestión del Consorcio, sacudido por la investigación incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra su secretario interventor, José Antonio Mañas, el gerente y además el alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), como anterior presidente de la entidad.

Después de que ya meses atrás seis miembros del Consorcio prestasen declaración en calidad de detenidos ante la Policía Nacional, hace pocos días una operación policial relacionada con el caso incluía nueve arrestos, dos ellos correspondientes a altos cargos del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, por varios delitos contra la Administración Pública.

Según la Policía Nacional, desde el citado Consorcio fueron realizadas contrataciones con cargo a fondos públicos y sin ningún tipo de licitación pública, en favor de "empresas fantasma cuyos administradores eran familiares" de los miembros de la red, figurando por ejemplo contrataciones con una empresa administrada por el secretario interventor y el gerente, entre otros aspectos.

SE "ENRIQUECIERON" CON EL CONSORCIO

La Policía Nacional considera así que estas personas consiguieron "un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública", siéndoles intervenida numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo.

En ese contexto, el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), rememoraba en declaraciones a Europa Press las insistentes demandas al actual presidente de la entidad, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz (PSOE), para que cese al secretario interventor y al gerente de la misma, así como la solicitud repetida una y otra vez para que reúna a la junta general de este organismo y rinda cuentas de la situación.

Al respecto, el alcalde de Pedrera señalaba que "es cierto" que al ostentar el secretario interventor rango de "habilitado nacional", el presidente del Consorcio "no puede cesarle", sino que debe hacerlo el propio Gobierno central, lo que "lleva una tramitación lenta".

Empero, indicaba que ha trascendido que el presidente ha solicitado la incorporación de un nuevo secretario interventor, para convocar y celebrar la junta general de la entidad. En cuanto al gerente, Antonio Nogales explicaba que ha trascendido que hace ahora aproximadamente un mes, el mismo habría sido "suspendido de empleo y sueldo".