Asimismo, tilda de "inconcebible" que deba afrontar un "episodio de al to riesgo" cuando el proyecto tiene licencia urbanística del Ayuntamiento de Granadilla y autorización del Gobierno de Canarias tras el informe favorable del servicio provincial de Costas.
Por ello, avanza en un comunicado que va a ejercitar todas las acciones legales que correspondan contra orden de paralización del Ministerio de Transición Ecológica "manifiestamente ilegal y arbitraria", dictada tras "ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas".
En su opinión, los hechos ocurridos en las últimas semanas suponen un "gravísimo atentado" a los derechos y libertades de la empresa "por medio de amenazas y coacciones" que dejen sin efecto las autorizaciones administrativas de las obras.
"Además de dejarnos en una situación muy delicada, ha provocado multitud de ataques y agresiones contra el honor de nuestra empresa familiar, que cuenta con una historia de más de 60 años, más de 36 años en las Islas Canarias", señalan.
Con todo, Viqueira insiste en que seguirá defendiendo el proyecto y acudirá hasta "las últimas instancias judiciales" frente a las "amenazas, coacciones, falsedades y ocupaciones ilegales" de los que se oponen al hotel y que han fomentado la "desobediencia" y el "incumplimiento" del ordenamiento jurídico.
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