El ex alcalde de Santa Cruz del Valle (Ávila) y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de esta localidad, Raúl Sánchez Moreno, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ávila a siete meses de suspensión de empleo y cargo público por un delito de falsificación de certificados, por falsificar un acta de un pleno municipal que no se celebró para poder obtener una subvención de 33.700 euros de la Diputación Provincial destinada al arreglo de las piscinas municipales.

Los hechos ocurrieron en el año 2000, cuando Sánchez era alcalde del municipio, y "a sabiendas", según la sentencia, "firmó el visto bueno de un certificado" fechado en el mes de julio "en el que se hacía constar que en fecha 27 de junio de 2000 se había celebrado una sesión del pleno, con la asistencia de todos los concejales del Ayuntamiento, en el que se había aprobado por unanimidad" la adjudicación de la reparación de las piscinas municipales a una empresa.

Sin embargo, "en dicha fecha no se celebró pleno municipal alguno, ni tampoco consta que se celebrara comisión de gobierno alguna donde se tratara este asunto".

Asimismo, el fallo judicial recoge que la expedición de los certificados falsos "tiene como preludio, antecedente y causa la existencia de varios requerimientos previos de la Diputación de Ávila" que solicitaban al Consistorio la remisión del acuerdo plenario de adjudicación de las obras a la empresa Quimisol.

La Institución provincial había otorgado para estas obras una subvención de 33.764 euros, de los cuales "sólo se ejecutaron 7.015 euros" y las obras, de hecho, "siguen sin terminar", aseguró el concejal de IU en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Benito Cañadas.

Obras adjudicadas a dedo

Estos hechos fueron denunciados por Izquierda Unida, que consideraba irregular la adjudicación de las obras a la empresa Quimisol de forma directa, sin ser aprobada previamente por ningún órgano de gobierno municipal. Además, se denunciaron otras "irregularidades", como que sólo concurrieron dos empresas al concurso de adjudicación, cuando la ley marca que deben ser un mínimo de tres, y que han desaparecido los libros de actas referentes al periodo entre 1999 y 2003.

Esta sentencia, que es firme y no admite ningún tipo de recurso ordinario, fue dictada por la Audiencia Provincial el pasado 24 de octubre, y desestima el recurso de apelación interpuesto por Raúl Sánchez contra el fallo del Juzgado de lo Penal de Ávila, dictado en mayo de este año.

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