El Congreso argentino aconseja al Gobierno que expropie Aerolíneas al grupo Marsans

  • No hay acuerdo sobre el precio de compra tras 4 meses de negociación.
  • La empresa española no acepta la tasación del Tribunal argentino.
  • Una comisión recomienda al Estado que se haga cargo de la compañía.
Pasajeros embarcando para viajar con Aerolíneas Argentinas (EFE).
Pasajeros embarcando para viajar con Aerolíneas Argentinas (EFE).
EFE
Pasajeros embarcando para viajar con Aerolíneas Argentinas (EFE).

Una comisión del Parlamento argentino recomendó este martes al plenario del Legislativo avanzar hacia una ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas, luego de que su propietario, el grupo español Marsans, rechazara la tasación de la empresa realizada por el Tribunal de Tasación argentino.

Em concreto, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones emitió un dictamen que recomienda expropiar a Marsans la línea aérea y sus subsidiarias para que éstas pasen al Estado argentino.

El trámite de debate de una ley podría demorarse al menos un mes y Marsans ha reiterado en varias oportunidades que recurrirá a todos los medios legales si finalmente le expropian la empresa.

Sin avances desde julio

El Gobierno de Cristina Fernández y el grupo español negociaban desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, dueño ya de un 5% de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que ambas partes presentaron sus respectivas tasaciones de la firma.

El Estado argentino estima que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Marsans reclama la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció un acta firmada con el Gobierno de Fernández el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación.

El Ejecutivo rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, pero establece que el Legislativo es el que dará el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.

"Somos esclavos de la ley. El Congreso es quien tiene la última palabra y no atendremos a ella", sostuvo el ministro de Planificación, Julio de Vido.

El grupo español ha advertido de que recurrirá al tribunal arbitral del Banco Mundial en caso de que sus compañías sean expropiadas.

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