La Fiscalía también reclama una indemnización de 3.000 euros, una orden de alejamiento durante siete años y que se obligue al procesado a realizar un programa de educación sexual.

El Ministerio Público acusa al hombre de haber asaltado a la menor, que entonces tenía ocho años, una noche de 2016 en la que pernoctaba en la vivienda en la que la niña vivía con su familia en Palma.