Durante la Comisión, la diputada 'popular' Núria Riera, que ha sido la encargada de defenderla, ha explicado este jueves que las ayudas serían para afrontar tanto el incremento de costes por la necesidad de adaptar las infraestructuras a las medidas de seguridad sanitaria, como de refuerzo de los instrumentos necesarios para la implantación de la enseñanza presencial y telemática.

También se ha aprobado el punto relativo a instar al Gobierno a garantizar una dotación suficiente en las comunidades autónomas para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición final sexta del Real decreto ley 17/2020 de 5 de mayo, de rebaja de créditos universitarios.

En este sentido, Riera ha afirmado que "lo que no puede hacer un Gobierno es ser incoherente, aprobar medidas que suponen restricciones económicas a las comunidades autónomas, medidas populistas de rebaja de créditos, pero después no compensar para que estas iniciativas no se traduzcan en un aumento de costes a los estudiantes".

La diputada ha señalado que el PP ya venía reclamando desde hace tiempo la rebaja de precios públicos de los créditos universitarios de las Islas. No obstante, ha lamentado que "esta medida estatal tenga una doble cara, ya que no ha sido consensuada con las comunidades autónomas ni con las universidades".

En este sentido, ha señalado que "puede dar lugar a una pérdida de hasta un 5% de los ingresos si no se aplica en base a informes económicos exhaustivos, ya que la rebaja de créditos incide directamente en la capacidad económica de las universidades".

Por otra parte, durante la comisión parlamentaria, se ha aprobado una PNL, presentada por conjuntamente por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, sobre medidas para proteger a los estudiantes universitarios ante las consecuencias negativas de la COVID-19.

La diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago, encargada de defender la PNL, ha asegurado que, en estos momentos, los Ejecutivos autonómicos tienen "que mostrar la sensibilidad para adaptarse a la realidad latente y más teniendo en cuenta que habrá menos recursos para ayudar a los estudiantes universitarios".

Es por ello, ha señalado Santiago, que "la administración debe estar allí donde las familias no llegan para evitar las circunstancias injustas que puedan darse debido a la desigualdad de renta e ingresos familiares".

Por este motivo, se ha presentado esta iniciativa, ha indicado la diputada, que "es crucial que en momentos de paralización de la economía, se prevean y se tengan en cuenta todas las realidades de las familias" de las Islas para poder afirmar "que no se deja a nadie atrás". "Es imprescindible en este sentido garantizar que el derecho a la educación sigue siendo universal y equitativo", ha dicho.

La iniciativa, además, muestra el apoyo a la decisión del Gobierno de eliminar los criterios académicos de la convocatoria de becas y a continuar incrementando su partida. Además insta al Ejecutivo a impulsar un cambio de modelo de gestión para evitar el cobro con retraso de las becas.

El PSIB, por su parte, a través del diputado Ares Fernández, ha recalcado que la PNL garantiza la igualdad de oportunidades y asegura que las familias con rentas más bajas puedan cubrir los gastos derivados de cursar estudios universitarios.

Así, Fernández ha expresado que "cursar estudios superiores supone un gran esfuerzo económico para muchísimas familias", especialmente las que verán la situación agravada por mor del coronavirus.

"Sea por el confinamiento o por las consecuencias laborales, la crisis sanitaria afecta directamente el rendimiento académico", ha aseverado el socialista, recordando que un sistema basado únicamente en méritos académico puede dejar fuera del sistema a miles de estudiantes cuyo rendimiento académico haya disminuido a causa de la pandemia.