El Supremo revisará la condena de inhabilitación de Quim Torra el 17 de septiembre

  • Las partes expondrán sus argumentos y el tribunal podría emitir una sentencia en poco tiempo.
  • El fin de la legislatura catalana dependerá de lo que determine.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la pasada reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El president de la Generalitat, Quim Torra, en una reunión.
GOVERN - Archivo
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la pasada reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Decisión a la vista sobre si Quim Torra puede seguir ejerciendo o no y posible adelanto de las elecciones catalanas.

Este jueves se ha hecho público que el Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 17 de septiembre la sesión para estudiar el recurso del presidente de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó a un año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar de los edificios públicos los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. 

La resolución podría conocerse pocos días después, y en el caso de que el Alto Tribunal ratifique la condena de Torra, el jefe del ejecutivo catalán debería cesar del cargo si no presenta otro recurso ante el Constitucional, una última opción que aún le quedaría. Ante este panorama, se abren distintos escenarios, entre los que está que el presidente del Govern convoque elecciones antes de que decida el Supremo.

Al señalar una fecha para estudiar el recurso de Torra contra la sentencia del TSJC –aunque fuentes del Govern han asegurado que el presidente aún no ha recibido la notificación de ello–, el Alto Tribunal avanza en su resolución pese a que el magistrado que debía redactar la ponencia, Miguel Colmenero, pidió la semana pasada apartarse del caso porque lo considera incompatible con su designación como miembro de la JEC.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó el pasado 19 de diciembre al presidente de la Generalitat a una inhabilitación de un año y medio para ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo; a una multa de 30.000 euros y al pago de las costas del juicio –excepto las de la acusación popular de Vox– por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público.

La causa se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía, después de que la JEC le comunicara que Torra había desoído su orden de retirar los lazos amarillos dentro del plazo que le marcó. El presidente de la Generalitat acabó sustituyéndolos por otros blancos, pero no lo hizo a tiempo y además volvió a colgar una pancarta con el lema Libertad presos políticos, símbolos que el TSJC consideró de análogo significado.

La defensa de Torra, encabezada por Gonzalo Boye, recurrió al Supremo para aducir que la sentencia pretendía solo apartarle de la presidencia del Govern de forma "ilegal e ilegítima", con decisiones imparciales que constituyen una "persecución política".

La Fiscalía, sin embargo, se opuso a la admisión a trámite del recurso, y se mostrará también en contra esta vez de los argumentos de Boye, pues según los fiscales del Alto Tribunal, el fallo del TSJC está bien fundamentado y no hay motivos para impugnar ni su forma ni su fondo.

Ante una posible inhabilitación, Torra podría convocar elecciones anticipadas antes de que decida el Supremo, pero en enero prometió que lo haría cuando se aprobaran los presupuestos del Govern y luego, con la llegada de la pandemia de coronavirus, dijo que no era el momento. Desde entonces no ha mostrado más intenciones de fijar una fecha para los comicios.

Otra opción es que JxCat y ERC intenten investir a un nuevo presidente si Torra es inhabilitado, pero esta alternativa no convence a los republicanos.

En el caso de que no se logre pactar un sustituto, el vicepresidente del Govern Pere Aragonès ocuparía de forma interina el cargo y en un periodo aproximado de cuatro meses se convocarían elecciones.

Las reacciones

ERC. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha propuesto al independentismo una reunión para acordar una estrategia común. Aragonès, sobre el relevo, ha dicho que "las decisiones se tomarán con consenso".

Cs. La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha emplazado a Torra a "acatar" el veredicto del Supremo y ha lamentado que el calendario electoral "dependa" de la justicia.

Comunes. El presidente de UP en el Congreso y líder de ECP, Jaume Asens, ha dicho que Torra es un "hándicap" para la mesa de diálogo porque está "muy deslegitimado".

Torra. El president ha contestado a Asens: "El hándicap es que forméis parte de un Gobierno que se niega a que Catalunya ejerza la autodeterminación".

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